PLN denuncia ‘juicio político’ contra magistrada Patricia Solano y cuestiona selectividad del PPSO al abrir investigaciones
Los diputados Eder Hernández y Salvador Padilla acusaron al oficialismo de instrumentalizar una comisión legislativa contra la magistrada y cuestionaron el rechazo a investigar un crédito del actual embajador ante la ONU
Salvador Padilla, diputado del PLN, presentó una moción para investigar el crédito otorgado por el Banco Nacional a Boris Marchegiani, pero que fue rechazada por el oficialista PPSO. Mayela López
Los diputados Eder Hernández y Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), criticaron la investigación que abrió el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III, por un crédito de ¢128 millones, a pocos días de que el plenario legislativo vote sobre su reelección.
Igualmente, reprocharon la celeridad con que actuó la Comisión de Ingreso y Gasto Público para impulsar la pesquisa, mientras rechazó investigar un crédito de más de $8,3 millones otorgado por el Banco Nacional a Boris Marchegiani, actual embajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (ONU) y financista del PPSO.
Hernández calificó la investigación contra Solano como un “juicio político” y cuestionó que la comisión legislativa se utilizara para indagar sobre un crédito privado concedido por la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud).
“Me apena que la Comisión de Ingreso y Gasto Público sea instrumentalizada políticamente para hoy averiguar un crédito privado”, manifestó el liberacionista.
Eder Hernández, diputado del PLN, criticó la investigación que abrió el PPSO sobre contra la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala III. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa)
El diputado señaló que la convocatoria de Solano se realizó de jueves para lunes, mientras que la votación en el plenario sobre su reelección está programada para el miércoles 4 de noviembre.
“Me llama la atención que esta comisión además funcione con tanta celeridad de convocar de jueves para lunes, justamente a dos días de que este plenario vaya a definir si usted sigue o no como magistrada. Eso es un juicio político”, manifestó.
Por su parte, Salvador Padilla cuestionó lo que describió como una “selectividad” de la representación oficialista en las investigaciones que impulsa la comisión.
El diputado también calificó la pesquisa como una “operación embarre” y sostuvo que la investigación sobre el préstamo de Asosejud busca extender los cuestionamientos hacia la magistrada y el Poder Judicial.
PLN cuestiona rechazo a investigar crédito de embajador
Los verdiblancos cuestionaron que el oficialista PPSO rechazara investigar un crédito significativamente mayor, que fue otorgado por un banco estatal a Boris Marchegiani. (Mayela López/Mayela López)
Padilla contrastó la rapidez con que se tramitó la investigación sobre Solano con el rechazo a una moción suya para investigar el préstamo concedido por el Banco Nacional (BN) a Boris Marchegiani, cuyo monto es significativamente mayor al crédito de la magistrada y fue otorgado por un banco estatal.
Padilla también comparó los plazos de ambos financiamientos, luego de que diputados oficialistas cuestionaran la edad que tendría Solano cuando termine de pagar el préstamo e incluso si llegaría a esa edad.
Mientras que la magistrada terminaría de pagar su crédito a los 96 años, debido a que el plazo es de 30 años, Marchegiani saldaría el suyo a los 94 años, pues lo adquirió a un plazo de 20 años.
Sin embargo, según expuso el legislador, si se aprueba un plan de salvamento que estaría solicitando Marchegiani para hacer frente a la deuda, el plazo se extendería a 30 años y el monto ascendería a $11,9 millones. En ese escenario, el actual embajador terminaría de pagar el crédito a los 104 años.
“Yo no sé si don Boris goza de la buena salud que usted tiene, pero él tiene 74 años y entonces ahorita no se está pagando absolutamente nada de ese préstamo”, manifestó Padilla.
En junio pasado, La Nación dio a conocer que el Grupo Mercantil Lapis Lazuli S. A., cuyo presidente y apoderado generalísimo es Boris Vasir Marchegiani Carrero, lleva 12 años sin pagar al Banco Nacional una deuda crediticia que ya alcanza los $8,3 millones.
El préstamo fue suscrito inicialmente por Marchegiani para la construcción del Hotel Gaia, en Manuel Antonio, en Quepos, por un monto de $2,6 millones en enero del 2006.
Boris Marchegiani, de 74 años, fue donante y secretario general suplente del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y financió las vallas publicitarias que solicitaron la renuncia de varios jerarcas del Estado. (UN Photo/Loey Felipe/UN Photo/Loey Felipe)
El liberacionista lamentó que el oficialismo rechazara la moción que presentó para investigar el caso de Marchegiani y alegó que esta negativa habría respondido a que se trata de una persona “cercana al poder político”, que hizo donaciones a la campaña del PPSO y posteriormente fue nombrada por el gobierno de Laura Fernández como embajador ante la ONU.
Padilla sostuvo que el caso evidencia diferencias en el trato que reciben las personas con vínculos políticos frente a otros ciudadanos que buscan acceder a financiamiento.
Durante el intercambio, el presidente de la comisión, Gonzalo Ramírez, del PPSO, pidió a Padilla ajustarse a los lineamientos establecidos en la moción aprobada para desarrollar la investigación.
El diputado defendió su derecho a formular sus propias conclusiones y sostuvo que sus señalamientos respondían precisamente a la selectividad que, en su criterio, caracteriza las decisiones de la comisión.
“Esa autonomía la tengo yo y no me la pueden venir a dictar aquí”, respondió.
