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Pilar Cisneros, diputada y jefa de fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), bloqueó con 158 mociones el proyecto de ley que excluiría a funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de la Ley Marco de Empleo Público.
La iniciativa, impulsada por la diputada independiente Kattia Cambronero, busca exceptuar del salario global al personal técnico especializado, profesional, policial y de jefaturas del OIJ. Esta modalidad de pago, introducida por la ley de empleo público, establece un monto único para las distintas categorías.
En su lugar, el proyecto propone que estos funcionarios retomen el antiguo esquema de salario base más pluses, como anualidades y dedicación exclusiva, incluso bajo las condiciones previas a la reforma fiscal de 2018.
El proyecto de Cambronero alega que los cambios permitirían evitar la fuga de personal. Según el documento, entre los años 2020 y 2023, se registraron 261 renuncias, lo que ha producido “una pérdida muy grande en experiencia y de una manera muy acelerada que no responde a la rotación ni a la renovación sana de cualquier institución de una manera normal”.
No obstante, Cisneros dijo a La Nación: “Trataremos a toda costa de evitar esta reforma”.
La vocera de gobierno alegó que la iniciativa es discriminatoria entre los mismos empleados del Poder Judicial, pues no aplicaría para todos. Asimismo, señaló que, en caso de aprobarse, abriría el portillo para que todos los demás empleados públicos exijan ser excluidos de la norma.
“¿Qué es lo que queremos? ¿Pasearnos en la Ley de Empleo Público, que es lo que ha permitido contener el gasto de la planilla estatal? Porque eso es lo que van a lograr. O, ¿amarrarnos la faja y ser cuidadosos en cómo gastamos el dinero? Este país está sumamente endeudado, y nosotros no queremos seguirlo endeudando con planillas multimillonarias en el sector público”, argumentó la jefa del oficialismo.
Por su parte, Cambronero solicitó al Poder Ejecutivo sentarse en una mesa de negociación para buscar alternativas que permitan al OIJ retener su personal.
¿Qué plantean las mociones?
Una cantidad importante de las mociones de Cisneros se enfocan en revertir los cambios planteados en el artículo 3 del proyecto. Este numeral es el que incorpora los puestos del OIJ en la lista de excepciones de la ley de empleo público.
De las 158 mociones, 50 limitan la cantidad de funcionarios del OIJ a los que se les podrá aplicar la medida de exclusión. Cada documento señala un porcentaje distinto, los cuales van desde el 1% hasta el 50% del total del personal técnico especializado, profesional, policial y de jefatura.
Cisneros también presentó mociones para que los cambios promovidos en el expediente 24.191 solamente puedan ser aplicados por una única vez, en un plazo improrrogable que puede ser desde los tres hasta los 12 meses.
Entre el centenar y medio de mociones, algunas también plantean eliminar los distintos artículos del texto y otras pretenden postergar la puesta en vigor de la norma. En este último caso, se plantean varias propuestas para que la entrada en vigencia se condicione a que la deuda del Gobierno Central sea inferior a un cierto porcentaje del producto interno bruto (PIB). Cada texto propone una cifra distinta, las cuales van del 30% hasta el 50%.
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Otro importante grupo de mociones busca trasladar al ente rector en materia de empleo público, el Ministerio de Planificación y Política Económica, (Mideplán), la obligación de reglamenta la ley. En la versión propuesta por Cambronero, esta responsabilidad recae en el Poder Judicial. Igualmente, se fijan distintos plazos, de uno a 24 meses, para que el Poder Ejecutivo cumpla con la tarea.
Las mociones tendrán que ser conocidas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. En caso de ser rechazadas, el reglamento legislativo le otorga a Cisneros más oportunidades de presentar otras propuestas de modificación.
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¿Qué plantea el proyecto?
El texto dictaminado aclara que la reforma no autoriza la creación de nuevos pluses ni el cambio en la naturaleza de los que fueron reconocidos antes del plan fiscal. Asimismo, especifica que la exclusión no aplicará para los puestos del OIJ incluidos en los grupos de apoyo administrativo, auxiliares y asistencias.
En cuanto a los pluses, los funcionarios podrán recibir un 65% adicional por concepto de prohibición; mientras que por dedicación exclusiva, el porcentaje varía según el nivel educativo del cargo, para los puestos que requieren licenciatura o un título superior, el beneficio podrá ser del 20% y para las posiciones ocupadas por quienes sean bachilleres universitarios o hayan aprobado el cuarto año de la respectiva carrera, el pago será del 20%.
El plan fiscal redujo el pago por dedicación exclusiva para funcionarios con licenciatura de un 55% a un 25% del salario base. Pero con el proyecto de Cambronero, esta norma no aplicaría a la policía judicial.
Además, al excluir al OIJ de las regulaciones de la reforma tributaria, el incentivo por anualidad volverá a pagarse de forma porcentual en lugar de nominal para los funcionarios cubiertos por el proyecto.
En caso de que el expediente logre aprobarse en los próximos meses, empezará a regir hasta el 1.° de enero del 2026.
