Para enviar dicha petición de desafuero al Congreso es necesario, primero, integrar el Tribunal de la Corte Plena y conocer ahí la petición de levantamiento de la inmunidad del ministro. Sin embargo, un magistrado propietario de la Sala Constitucional, Paul Rueda, pidió la inhibitoria de conocer ese caso y le fue concedida. Por lo tanto, un suplente debe asumir en su lugar.
El problema es que el tribunal constitucional no tiene magistrados suplentes desde mediados de diciembre pasado, cuando venció el nombramiento de los 12 jueces y el Congreso no ha cumplido con su tarea constitucional de hacer el nombramiento, pese a que tenía una lista de 18 aspirantes para nombrar al menos nueve suplencias.
Tanto se negaron a dar sus votos para esas designaciones la fracción de gobierno del periodo anterior y sus aliados del PUSC y Nueva República, como los actuales 31 legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
De hecho, este miércoles, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, dictó una resolución en la que decide devolver nuevamente la nómina de los 18 aspirantes, bajo el argumento de que se han realizado 11 votaciones sin éxito.
“Hasta que se designe al menos un magistrado suplente de la Sala Constitucional se podría integrar el Tribunal de Corte Plena para conocer el asunto. Entonces, de eso depende”, dijo la magistrada.
El 1.º de julio del año pasado, la Corte Plena acordó solicitar al Congreso el levantamiento de la inmunidad de Chaves, entonces presidente de la República, para afrontar una acusación penal por el presunto delito de concusión.
Específicamente, se acusó al hoy ministro de haberle exigido al empresario Christian Bulgarelli entregarle $32.000 al exasesor de imagen presidencial, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de la adjudicación de un contrato por $405.000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Luego de un proceso de dos meses en el Congreso, el oficialismo y sus aliados votaron en contra, lo que impidió llegar a los 38 votos necesarios para el levantamiento de la inmunidad de Chaves.
Ahora, la ausencia de suplentes constitucionales, precisamente por la negativa del oficialismo a nombrarlos, impide que la Corte Plena ni siquiera pueda conocer sobre la petición de levantamiento de la inmunidad.
Aunque la conformación actual del plenario legislativo, con 31 diputados del partido de gobierno, permite augurar una nueva negativa al desafuero de Chaves, Patricia Solano enfatizó que la Corte tiene que cumplir con su función de dar una recomendación al Congreso.
“¿Qué se haga aquí y cuál decisión se tome es un tema político que es a otros operadores a quienes les corresponde hacer la crítica? En este caso, creo que es a los ciudadanos", comentó Solano.
Cuestiona rechazo de candidatos a Sala IV
La presidenta de la Sala Tercera también enfatizó que los diputados no han dado criterios técnicos sobre por qué están rechazando la lista de candidaturas a suplencias de la Sala Constitucional.
“Se hace un concurso público, se revisan los atestados, se hacen entrevistas, estudios sociales, antecedentes de toda naturaleza, y revisión de conocimientos técnicos de cada sala”, dijo Solano.
La magistrada recordó que, en el tribunal del que ella forma parte, sucedió que una persona que nunca ha visto materia penal concursó para ser un magistrado suplente, cuando los altos jueces tienen que ver materia penal, por lo que deben ser sumamente técnicos en esos asuntos para juzgar debidamente.
“Se ha buscado la forma más objetiva de hacer la selección. Desconozco cuál va a ser la posición de la Corte, pero para mí, no han dado argumentos técnicos para rechazar la nómina”, dijo.
Solano enfatizó que hay un montón de amparos que vienen en camino y estarán frenados por la falta de magistraturas suplentes.
