La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III) y candidata a dirigir el Poder Judicial, afirmó que existe preocupación fuera de Costa Rica por el rumbo que está tomando el país ante los ataques contra la institución judicial y las presiones que, según denunció, enfrenta por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Hay una preocupación de muchas personas fuera del país también de cuál es el rumbo que está tomando Costa Rica frente a los ataques de los que hemos sido víctima en el Poder Judicial”, manifestó Solano durante una audiencia en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
La magistrada manifestó que le preocupa que al Poder Judicial se le trate como a un subordinado.
“A mí también me causa mucha preocupación que a veces se nos quiere hablar o se nos habla como si nosotros fuéramos un subordinado de otro poder de la República y no que se trata de uno más de un banco de tres patas que así se concibió por parte del constituyente”, expresó.
La magistrada también alertó sobre las consecuencias de los recortes presupuestarios a la institución. Ante una consulta del diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre si el Estado estaba cumpliendo con su obligación de garantizar los recursos de la institución, Solano respondió que no.
Padilla consultó a Solano sobre las preocupaciones externadas por Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, respecto a las presiones políticas contra funcionarios judiciales, las amenazas a jueces y la agresión física que sufrió la jueza Kattia Carballo en abril del 2026.
Satterthwaite también alertó sobre el estancamiento en los nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional y las restricciones presupuestarias que afectan al Poder Judicial.
De acuerdo con Solano, las personas usuarias serían las más afectadas por las restricciones para utilizar ¢29.843,8 millones y 2.463 plazas vacantes incluidos en su plan de gastos del 2027. “La ciudadanía tiene que saber que quitando ese personal judicial va a haber una mayor tardanza en la respuesta que damos desde el Poder Judicial”, advirtió.
Igualmente, señaló que los recortes presupuestarios podrían afectar la cooperación internacional que mantiene Costa Rica para combatir el crimen organizado transnacional.
Como ejemplo, relató que la semana anterior viajó a República Dominicana para participar en el cierre de un proyecto del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO), una iniciativa financiada por la Unión Europea que promueve la colaboración entre instituciones policiales y judiciales de Europa y América Latina para enfrentar las redes criminales que operan en varios países.
Solano explicó que, durante esa actividad, las autoridades con las que se reunió expresaron preocupación por la situación del Poder Judicial costarricense y por los recortes presupuestarios que enfrenta la institución. Según indicó, aprovechó el encuentro para solicitar más apoyo en áreas que considera prioritarias para el funcionamiento de la justicia.
Preocupaciones desde Europa
La magistrada destacó que Costa Rica ha participado en iniciativas de cooperación internacional para fortalecer la respuesta judicial frente al crimen organizado. Mencionó, entre otros avances, el desarrollo de la jurisdicción especializada en esa materia y los mecanismos de transparencia institucional.
A su criterio, la reducción de recursos amenaza la continuidad de ese trabajo conjunto y podría repercutir en las investigaciones que desarrollan el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con otras policías y autoridades europeas.
En ese contexto, Solano cuestionó que se exija al Poder Judicial mejorar sus resultados contra el narcotráfico y reducir la mora judicial mientras, según denunció, se le recortan los recursos necesarios para cumplir esas tareas.
“Por un lado nos dicen que no producimos, pero nos quitan los recursos para producir”, manifestó.
La magistrada sostuvo que esa contradicción alimenta su preocupación sobre las intenciones detrás de los recortes presupuestarios. También afirmó que las limitaciones financieras afectan tanto la capacidad operativa de la institución como la disponibilidad de personal, lo que podría traducirse en mayores tiempos de respuesta para la ciudadanía.
“Por eso es que yo repito, se trata de un estrangulamiento del Poder Judicial para justificar un discurso”, subrayó.
Solano sostuvo que, históricamente, el Poder Judicial ha sido el más silencioso de los tres poderes frente al acontecer nacional y que sus actuaciones se han mantenido dentro de las competencias constitucionales. Sin embargo, señaló que los cuestionamientos a la independencia financiera de la institución ponen en riesgo su funcionamiento y la prestación del servicio de justicia.