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El 27 de noviembre del 2024, una pasante de 18 años, a quien llamaremos AZT para proteger su identidad, denunció a Fabricio Alvarado Muñoz por un supuesto acoso sexual mientras realizaba su práctica profesional en el despacho del entonces diputado y jefe de fracción del Partido Nueva República (PNR), en la Asamblea Legislativa.
Ese día, presentó la denuncia tanto en su colegio, en Desamparados, como en la Fiscalía General. Relató haber sufrido “insinuaciones de nivel sexual” y un intento de Alvarado de besarla por la fuerza, además de que él le pidió que no le contara a nadie lo sucedido.
Sin embargo, dos días después, pasante acudió a la Fiscalía a retirar la denuncia. El 29 de noviembre del 2024, envió un escueto escrito de dos párrafos donde alegó: “Solicito archivo de causa, no quiero seguir con la causa, nadie me está presionando, ni obligando, el hecho no fue para tanto y solicito el archivo de la causa y no quiero saber nada más de esto.
”Revoco la instancia, de acuerdo al artículo 17 del Código Procesal Penal. No deseo ser notificada a nada ni que se haga público".
Mes y medio después, el 16 de enero del 2025, la entonces estudiante de duodécimo año fue contratada en el despacho de una compañera de fracción de Fabricio Alvarado, en la Asamblea Legislativa.Se trata de la entonces diputada del PNR, Olga Morera Arrieta, quien ahora trabaja como asesora en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Morera la nombró en un puesto de “asistente de fracción política 2″, cargo que AZT ocupó hasta el pasado 30 de abril del 2026, según confirmó el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, ante una consulta de este diario.
Olga Morera fue una de las diputadas que se opuso a que Fabricio Alvarado fuera sancionado a lo interno del Congreso por la denuncia hecha por la exdiputada Marulin Azofeifa.
La Nación contactó por teléfono a la exdiputada Morera, pero ella alegó que no tenía buena señal. Por mensaje, se le consultó cómo se produjo la contratación de AZT, si alguien se la recomendó y si sabía de la denuncia previa. No respondió antes de esta publicación.
Delito agravado
Pese a la solicitud hecha por la denunciante, la Fiscalía decidió seguir adelante con el caso, el cual se tramita bajo el expediente N.° 24-000108-0033-PE.
El ente acusador argumentó que el caso no se puede archivar porque podría configurar un delito abuso sexual agravado, de acuerdo con los incisos 1 y 7 del artículo 162 del Código Penal, debido a que Fabricio Alvarado él era el superior inmediato de la ofendida y a quien debía dar cuentas de sus labores.
La legislación sanciona una pena de dos a cuatro años de prisión a quien cometa ese delito.
En el mismo expediente de la pasante, la Fiscalía investiga presuntas agresiones sexuales de Fabricio Alvarado contra Alicia Castillo y la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa.
El abogado de Alvarado, Eric Ramos, calificó de llamativa la decisión de la Fiscalía de seguir adelante con el caso. En su criterio, no tiene sustento jurídico.
“De la revisión del expediente, nos enteramos que la denunciante solicitó la revocación de instancia. Es una situación ajena a la defensa. Lo que es llamativo para la defensa es la posición del Ministerio Público alegando que hay una figura agravada, cuando no lo hay.
”La posición de la Fiscalía va en contra de toda la jurisprudencia, lineamientos y el concepto de agravamiento de delitos de índole penal. Es llamativo que la Fiscalía actúe de esa forma, porque en casos similares se acoge la revocatoria de instancia sin ni siquiera hacer una revisión”, argumentó Ramos.
Indagatoria en el Ministerio Público
La Fiscalía citó a AZT y a su mamá a declarar el 11 de junio del 2026. Sin embargo, ellas solicitaron no acudir e insistieron en retirar la denuncia.
“Se violentan mis derechos con esta nueva convocatoria, pues yo no deseo que mi nombre se haga público, ni comparecer como víctima o denunciante, por cuanto revoqué la instancia, y mi decisión en firme es no continuar ni dar ningún tipo de declaración, ni ante las autoridades judiciales ni ante la prensa. Lo mismo con respecto a mi madre, quien también fue convocada por la Fiscalía”, dice el escrito firmado por madre e hija.
Las firmas de ambas fueron autenticadas por Alexándra Loría Beeche, quien fue diputada de Restauración Nacional en el 2018.
Loría luego fue candidata a vicepresidenta en la fórmula presidencial de Alvarado del 2022, ya con Nueva República. Y hasta el pasado 13 de julio, se desempeñó como funcionaria en el Congreso con una plaza en el Departamento de Servicios Técnicos.
Consultada por este diario sobre esa gestión hecha, Loría dijo que prefería no dar declaraciones porque tenía el “deber de guardar el secreto profesional”.
