Organizaciones sociales expusieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presuntas violaciones del gobierno de Rodrigo Chaves a las garantías fundamentales de migrantes, menores de edad, periodistas, personas LGBTI y otros grupos vulnerables en Costa Rica.
En la audiencia, celebrada este miércoles de forma virtual, también participó el viceministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Solano, quien negó que el gobierno realice prácticas contrarias a los derechos humanos, como lo indicaron las representaciones de la sociedad civil.
Al contrario, el jerarca destacó que existe un firme compromiso con la promoción, la protección y el respeto de las garantías fundamentales.
Para Edgar Stuardo Ralón, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, las exposiciones evidenciaron dos visiones que contrastan sobre el compromiso del Estado costarricense con garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
La sesión fue convocada a solicitud de las organizaciones. La Cancillería indicó que el Estado costarricense aceptó la invitación “de buena fe”.
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Los hechos denunciados
Alejandra Manavella, vocera del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llamó la atención sobre el momento crítico que enfrenta el país. Expresó que Costa Rica hoy tiene menos capacidad para articular respuestas efectivas frente a problemas que amenazan con desestabilizar sus logros históricos y está sacrificando objetivos de desarrollo humano en aras de la estabilidad fiscal.
Indicó que el impacto de la desigualdad social que afecta a la sociedad costarricense se evidencia en la profundización de la violencia y la inseguridad. Un ejemplo de ello, anotó, es el incremento en los homicidios. “La violencia letal está vinculada al crimen organizado y a la violencia basada en género, y afecta a familias enteras especialmente en las provincias con mayor desigualdad como Limón y Puntarenas”, explicó.
Manavella afirmó que la administración de Rodrigo Chaves defiende sus “políticas regresivas”, responsabilizando y atacando a otros poderes del Estado, como el judicial y el legislativo, así como a otras instancias de control como la Contraloría General de la República (CGR), para tratar de limitar su rol de supervisión y fiscalización sobre los actos del gobierno. “Esta violencia política aumenta día a día la desconfianza ciudadana en la gestión pública”.
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“Preocupa particularmente que, como nunca antes en la historia del país, la población escucha al propio presidente de la República, así como a miembros de su gabinete, deslegitimar a otras instancias del Estado, a actores sociales críticos a su labor, a medios de comunicación e incluso a los mecanismos internacionales de derechos humanos. Esto profundiza la polarización social y legítima los discursos de odio”, agregó.
Virginia Murillo, de la “Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), mencionó que la niñez y la adolescencia se ven afectadas por los recortes que ha sufrido el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) desde el inicio de la presente administración.
Alegó que el gobierno ha tomado decisiones políticas contrarias a los intereses públicos, “al nombrar a personas en puestos claves que se han visto involucradas en presuntos casos de corrupción (...) El país no solo enfrenta una grave amenaza al desarrollo humano, sino también a la institucionalidad democrática”.
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Riesgos a la independencia judicial
Virginia Murillo advirtió sobre el debilitamiento del Poder Judicial, lo que pone en riesgo el acceso a una justicia independiente. “Se han aprobado reformas legales que amplían sus competencias, pero su presupuesto permanece estancado, lo que limita su capacidad para brindar justicia pronta y de calidad”. añadió.
“Preocupa que el Poder Ejecutivo impulse una campaña para deslegitimar a operadores de justicia, como a la Fiscalía General, en reacción a recientes investigaciones que involucran presuntamente a funcionarios públicos.
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“Esto impacta la confianza en el sistema de justicia. Esta honorable Comisión conoce las graves consecuencias que esta estrategia de concentración de poderes y de desgaste de la independencia judicial ha tenido en la institucionalidad democrática en otros países de la región como Guatemala, El Salvador y Nicaragua”, expresó.
También, alertó sobre la relación confrontativa que Chaves mantiene con la prensa, “caracterizada por discursos estigmatizantes y utilizando calificativos como canallas, mentirosos y sicarios”.
Natasha Jiménez, representante de la organización Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos (Mulabi), pidió poner atención al “retroceso en el compromiso del Estado con la garantía de los derechos de las personas LGBTIQ”. Destacaron la eliminación de figuras clave, como el comisionado de Casa Presidencial para esta población, la amenaza de derogación de políticas contra la discriminación y el desmantelamiento de programas educativos.
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Daniela Bolaños, del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), denunció el papel de Costa Rica en la detención y recepción de personas expulsadas por Estados Unidos.
También, señaló deudas históricas en el acceso a derechos de personas migrantes y refugiadas, destacando el tiempo excesivo para el reconocimiento de la condición de refugio y las barreras estructurales que dificultan su acceso al trabajo, la salud y la vivienda, entre otros derechos. A esto se suma, la discriminación estructural que enfrentan ciertas personas, ya sea por su origen étnico o por su nacionalidad.
También hicieron exposiciones Milena Grillo, de la Fundación Paniamor, y Larissa Arroyo, de Agenda Cedaw.
Peticiones
Las organizaciones solicitaron a la CIDH instar al Estado a respetar la institucionalidad democrática, la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos, evitando discursos de odio o deslegitimación de posturas críticas.
Para garantizar una protección efectiva, se recomendó la creación de un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para amenazas y delitos contra personas defensoras y comunicadoras. Asimismo, se exhortó al Estado a abstenerse de tomar represalias contra quienes participaron en la audiencia.
Finalmente, pidieron a la Comisión mantener un monitoreo permanente sobre la situación de derechos humanos en Costa Rica y emitir pronunciamientos públicos cuando corresponda, recordando al Estado sus obligaciones convencionales. Asimismo, se recomendó la implementación de presupuestos nacionales con enfoque de derechos humanos, así como el restablecimiento de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral en los colegios y la garantía de que no se deroguen normativas que protejan derechos fundamentales.