EscucharEl presidente Rodrigo Chaves lanzó una serie de ataques a la comunidad LGBTI+ al tiempo que anunció cambios como la eliminación de los protocolos antibullying para estudiantes de esa comunidad y la derogación del decreto que previene la discriminación de estas personas en entidades públicas.
“No alcahueteamos a pobrecitos victimizados, protegemos a cada ser humano por lo que es”, manifestó el mandatario durante la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno de este miércoles. En su discurso, insistió en repetidas ocasiones de que estas “minorías” debían ser tratadas por igual pese a que “todos somos diferentes”.
“Que hay gente que tiene opiniones diferentes, que hay gente que quiere ver el mundo de manera diferente, Dios me los bendiga, duerma y haga lo que usted quiera, con quien quieran y con lo que quiera, vístase como usted quiera, identifíquese como usted quiera, existe libertad, pero no obligue al Estado a empujar esa visión de su vida en los otros y mucho menos que lo paguemos”, adelantó al inicio de su mensaje.
En otra de sus intervenciones, aseguró que las decisiones anunciadas este miércoles enojarían a las “minorías que piensan que creando diferencias y grupos de víctimas se benefician”.
“Todos somos diferentes, ante el único que somos iguales es ante la ley y ante nuestro Dios y esas diferencias es lo que nos une y esas diferencias son las que merecen respeto y libertad, pero olvídense del cuentico de que nosotros somos iguales, decían estas personas de ideología extremas ‘hay que ponerle un comisionado al grupito tal’ , ‘hay que tener un protocolo antibullying diferente al de cualquier otro chiquito que le rompieron la cara”, agregó.
El mandatario aseguró que los derechos de la población sexualmente diversa serían protegidos y que lo anunciado no era un retroceso sino “corregir errores” cometidos por las “ideologías nefastas” que buscaban crear privilegios bajo la victimización.
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Por su parte, la ministra Laura Fernández anunció que de ahora en adelante los “grupos vulnerables” serían atendidos a través de un consejo presidencial social, donde se incluiría a otras minorías como personas indígenas, con discapacidad o afrodescendientes.
Chaves agregó que como parte de ese cambio, no permitió que se izara la bandera LGBTI que normalmente era izada durante el mes de la celebración del orgullo de esa población y agregó que a partir de la derogatoria del decreto, se irían “revisando una serie de actividades” para no generar desigualdades.
La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, también arremetió contra esa comunidad y sostuvo que “se acabó la victimización y la cultura del pobrecito”, en referencia a la eliminación del protocolo antibullying en escuelas y colegios, que implica un abordaje especial para los menores que se identifican como sexualmente diversos.
Según Müller esa diferenciación no contribuyó a disminuir las conductas de agresión, violencia y discriminación.
“Se acabó la victimización, si tenemos que respetar a todos por igual porque tenemos que tener protocolos diferenciados como el de la atención al bullying LGBTI+, si hay uno que cubre la totalidad de los niños”, dijo.
Giro en la política
Adicionalmente, la jerarca del MEP sostuvo que de ahora en adelante no le corresponderá a ese ministerio registrar cambios de nombre y “de sexo” en los estudiantes, pues eso le toca al Registro Civil y anunció la eliminación de las celebraciones de actividades que diferencian a las personas por su orientación sexual.
“No consideramos pertinente promover la celebración de esta segregación”, concluyó.
El Decreto Ejecutivo 38.999 en el que se estableció la “Política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”, fue firmado en mayo del 2015. En este se ordenaba a cada institución del Gobierno Central y demás instituciones desarrollar un plan en contra de la discriminación hacia la población LGBTI, en el cual se debían incluir procesos de capacitación sobre derechos humanos y además contemplaba la atención de las necesidades de esa población, tanto usuarios de los servicios como funcionarios.
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En 2018, durante el Gobierno de Carlos Alvarado, fue instaurada la figura del Comisionado LGBTI. En junio del año anterior, el presidente destituyó a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa Ortiz por tramitar la declaratoria de interés cultural para la marcha del orgullo LGBTI+. Desde entonces el puesto de Sossa no había sido ocupado, según reconoció este miércoles el mismo presidente.
En 2024, el gobierno retiró la declaratoria de interés cultural a la Marcha de la Diversidad, del 30 de junio, pese a que inicialmente se le otorgó, lo mismo que en el 2023.
De hecho, el respaldo inicial a la actividad costó el puesto a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sossa.
