El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) anda en busca de quién filtró a varios periodistas el informe final de la investigación que realizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el que concluye que la campaña del hoy presidente de la República, Rodrigo Chaves, se habría financiado de manera ilegal, captando dinero mediante dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley.
El pasado 19 de marzo, la Sección de Delitos Varios, del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, envió una nota al TSE con una “serie de consultas alusivas al tratamiento documental y custodia archivística empleados” de dicho documento.
Así lo confirmó Ronald Chacón Badilla, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral, a quien se le remitió, en esa fecha, el oficio N.° 443-DVNOTA-2025, y quien precisó, ante una consulta de este diario, que están “recopilando la información requerida, a efectos de dar respuesta a las interrogantes cursadas”.
El OIJ confirmó que actualmente “está haciendo una investigación sobre la filtración de datos”. Sin embargo, a través de su oficina de prensa, señaló que no podía brindar más información.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción también reconoció que los hechos sí se indagan bajo el expediente N.° 25-000043-1218-PE. No obstante, negó haber “realizado alguna diligencia de esa naturaleza”.
El pasado 1.° de febrero, La Nación dio a conocer los hallazgos de ese informe, donde el presidente Rodrigo Chaves Robles; el vicepresidente, Stephan Brunner Neibig; y el canciller, Arnoldo André Tinoco, figuran como posibles responsables de cuatro delitos electorales.
Cuatro delitos electorales
El TSE concluyó, tal como lo reveló La Nación a principios del 2022, que la campaña de Chaves se benefició del dinero captado mediante dos estructuras paralelas que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.
Según el documento, el presidente promovió la recepción de donaciones en una de las estructuras, mientras que el vicepresidente ocultó lo que ocurría a pesar de que era el tesorero del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y, por lo tanto, tenía el deber de denunciar. Un audio fue utilizado como evidencia de ello. En cuanto al canciller, se le cuestionó el doble papel de administrador y donante.
Una de las estructuras funcionó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del diputado Waldo Agüero Sanabria, del oficialista PPSD.
A los tres jerarcas, el TSE les achaca la presunta violación de artículos del Código Electoral, los cuales conllevan penas de cárcel de dos a seis años. El documento, cuya filtración investiga el OIJ y la Fiscalía, fue secuestrado por el fiscal general, Carlo Díaz, el pasado 17 de enero, y forma parte del expediente judicial N.° 22-000116-1218-PE.
Sala IV rechazó amparo por filtración
La publicación de ese informe en la prensa incluso llegó a la Sala Constitucional, la cual rechazó un recurso de amparo interpuesto, el 17 de febrero anterior, contra la Fiscalía y el TSE, por supuestamente haber hecho la filtración.
De manera unánime, los magistrados constitucionales rechazaron esa pretensión, tras verificar que antes de la filtración, algunos abogados defensores tuvieron acceso al expediente penal. Además, no hallaron pruebas de que alguna autoridad fiscal o electoral hubiera facilitado documentos restringidos a personas ajenas al expediente penal y administrativo.
Por lo tanto, el amparo fue desestimado, según consta en la resolución N.º 09519-2025, del 28 de marzo pasado.