La construcción de la nueva morgue judicial en Buenos Aires de Puntarenas, una obra del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que ya tiene un contrato en firme y está próxima a recibir la orden de inicio, podría quedar paralizada si la Asamblea Legislativa aprueba una norma presupuestaria propuesta por el gobierno de Laura Fernández para 2027.
La norma 9, incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, propone bloquear ¢29.843,8 millones del presupuesto del Poder Judicial, distribuidos en 313 subpartidas. Entre los recursos afectados hay ¢4.347 millones correspondientes a la subpartida Edificios del OIJ, de la cual depende el financiamiento de la obra en Buenos Aires.
Ana Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, advirtió que, si el bloqueo se mantiene durante 2027 y la institución queda impedida de utilizar esos recursos, tendría que suspender una obra que ya fue contratada.
“Ya vamos a iniciar la construcción porque tenemos un contrato refrendado, un contrato ya en firme a favor de una empresa contratista y, de momento, pues nosotros no tendríamos una condición consolidada para suspender”, explicó Romero.
Estado sería responsable por cualquier incumplimiento contractual
La funcionaria señaló que detener una obra en esas condiciones tendría costos para el Estado. Además del cuido y mantenimiento que requeriría una construcción paralizada, el contratista podría trasladar costos al Poder Judicial y reclamar una indemnización.
Romero sostuvo que, si la Asamblea Legislativa aprueba la norma en los términos planteados y durante 2027 el Poder Judicial no puede utilizar los recursos, la eventual suspensión no sería una decisión adoptada por la institución, sino consecuencia del bloqueo establecido en el Presupuesto Nacional.
“Si llega el otro año, esa norma se mantiene y no pueden utilizar esos recursos y se le incumple al contratista, la responsabilidad es del Estado”, manifestó.
Una obra que evitaría traslados hasta Heredia
La morgue judicial de Buenos Aires es un proyecto que ha contado con el respaldo de distintos gobiernos y que también surgió a partir de una iniciativa ciudadana.
La construcción busca acercar a la región sur servicios especializados del OIJ que actualmente pueden requerir el traslado de personas hasta San Joaquín de Flores, en Heredia. Romero explicó que la infraestructura no solo permitiría atender servicios de patología relacionados con personas fallecidas, sino también brindar atención especializada a personas vivas.
Como ejemplo, mencionó a las mujeres víctimas de violencia sexual, quienes podrían recibir en Buenos Aires servicios especializados sin tener que desplazarse hasta Heredia.
El impacto en población vulnerable
La obra también facilitaría los trámites y diligencias para los familiares de personas fallecidas, especialmente aquellas de escasos recursos, al evitar que los dolientes tengan que trasladarse hasta la capital.
La directora ejecutiva del Poder Judicial destacó que el proyecto tiene una dimensión social porque está dirigido a habitantes de una región con altos niveles de vulnerabilidad.
La infraestructura incorpora consideraciones específicas para la población indígena. Romero explicó que el proyecto fue diseñado con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y contempla condiciones para que las comunidades puedan realizar rituales de despedida de sus familiares fallecidos.