EscucharEl Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, rechazó girar el dinero aprobado por la Asamblea Legislativa para crear 328 nuevas plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en el Ministerio Público. Los diputados incluyeron los recursos en el Presupuesto Nacional del 2025, con el objetivo de fortalecer el combate a la criminalidad, pero el Poder Ejecutivo rehusó ejecutarlos.
José Luis Araya Alpízar, director general Presupuesto Nacional, envió en diciembre un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para informarle de que el gobierno no prevé obtener nuevos ingresos para cubrir lo que calificó como “imprevistos derivados de desajustes en el Presupuesto”.
La afirmación hace referencia a que los diputados asignaron los recursos mediante una reducción de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública. El director de Presupuesto agregó que la decisión obedece a una instrucción de Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
En el oficio enviado al presidente de la Corte, el funcionario José Luis Araya alegó: “Persiste la situación de inestabilidad asociada a variables como el tipo de cambio, inflación y la tasa de interés, que particularmente inciden en el servicio de la deuda del Gobierno Central. Por tanto, se hace necesario tomar las previsiones ante la presencia de riesgos importantes en torno al pago de intereses de la deuda, a efectos de evitar que se materialicen situaciones de incumplimiento de las obligaciones ineludibles del Estado”.
Acosta había afirmado a La Nación que la redirección del dinero destinado al pago de intereses de la deuda implica un gran riesgo.
“No hay ninguna claridad de que los supuestos (con base en los cuales fue elaborado el plan) se mantengan o que no se presente una situación que pueda generar algún impacto sobre el pago de intereses; por eso, no es responsable tomar recursos de esa partida”, explicó.
Los diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron en octubre del 2024 redirigir ¢10.808 millones a la creación de 548 plazas en OIJ, la Fuerza Pública y el Ministerio Público.
Estos recursos fueron asignados por los diputados como parte de un rebajo de ¢61.635 millones de la partida destinada al pago de intereses de la deuda pública, destinar recursos a otros 23 rubros.
En el caso de la seguridad ciudadana, los movimientos presupuestarios se aprobaron mediante tres mociones. La primera destinó ¢7.013 millones adicionales al OIJ para contratar 255 funcionarios, quienes desempeñarán funciones de soporte e investigación.
La segunda asignó ¢5.100 millones al Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de crear 220 plazas para la Fuerza Pública.
La tercera permitió incorporar ¢2.295 millones al Ministerio Público, destinados a la creación de 73 nuevos puestos.
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Nogui Acosta alega que los recursos están congelados
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró a este medio: “Nunca hemos dicho que no vamos a girar esos recursos”. Sin embargo, explicó que no es posible autorizar el desembolso sin contar con claridad sobre el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
“Todos los recursos que los diputados, mediante moción, tomaron de intereses y distribuyeron entre los diferentes ministerios, incluyendo el Poder Judicial, están congelados. Este no es un tema de seguridad, es un tema de oportunidad y de un riesgo que queremos cubrir.
“No podemos pretender que, sin saber cuál va a hacer el comportamiento de las tasas de interés o del tipo de cambio a priori, giremos”, señaló Acosta.
Insistió en que esto no tiene que ver con un tema de seguridad, sino con el riesgo que significa tomar recursos del pago de intereses para utilizarlos en cosas que no estaban en el presupuesto inicial.
