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Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, el proyecto de ley que sanciona con penas de dos a cuatro años de cárcel a quien introduzca teléfonos celulares, satelitales o cualquier otro dispositivo tecnológico a los centros penitenciarios de modalidad cerrada.
La iniciativa recibió la aprobación unánime de los 42 legisladores presentes en el plenario, en el momento de su votación.
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Se trata de un nuevo tipo penal, que se crea con el artículo 257 quáter del Código Penal, donde se establece la sanción para quien “posea, facilite o procure por cualquier medio el ingreso a un establecimiento penitenciario de modalidad cerrada, de teléfonos celulares, satelitales u otros dispositivos de comunicación, sus componentes tecnológicos, así como tarjetas sim, que posibiliten la comunicación”.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo, desde febrero de 2024, y establece el aumento de la pena hasta en un tercio cuando esas conductas las cometa un funcionario público, así como los proveedores de bienes o servicios en ese tipo de centros penales.
Igualmente, se aumentaría la pena en un tercio si son los abogados en el ejercicio de su actividad profesional quienes introducen los teléfonos a los centros penales, o bien cualquier otra persona que posea una autorización especial de ingreso.
El segundo debate del proyecto fue señalado para el próximo 22 de abril.
