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El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó a la Contraloría General de la República (CGR) que no cuenta con un inventario de los centros educativos ubicados en terrenos inscritos a nombre de terceros, a pesar de que el ente fiscalizador le recomendó elaborar dicho listado desde el año 2004.
Para el órgano contralor, la ausencia de un registro de este tipo hace más difícil cuantificar la magnitud del problema y priorizar acciones para su solución. Así lo indicó la Contraloría en un oficio enviado el 8 de abril a Lourdes Sáurez Barboza, directora de Infraestructura Educativa (DEI) del MEP.
Como parte de una consulta planteada por el MEP a la Contraloría sobre la legalidad de usar fondos públicos en centros educativos que operan en propiedades ajenas, el ente fiscalizador solicitó un inventario de todas las escuelas y colegios que se encuentran en esta situación.
La información debía detallar el nombre del centro educativo, su ubicación, el año de inicio de operaciones, las necesidades de mantenimiento menor o de obra nueva, así como la existencia de órdenes sanitarias, judiciales u otras similares pendientes de atención. El Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la CGR otorgó al MEP un plazo de 10 días hábiles para remitir los datos solicitados.
“Sin embargo, vencido el plazo, el MEP informó de que no disponía de dicho inventario, lo que resulta especialmente preocupante, pues se trata de una herramienta esencial para dimensionar la magnitud de la problemática, brindar un seguimiento efectivo y, en última instancia, implementar las decisiones administrativas de la manera más informada y oportuna posible”, señala el oficio DFOE-CAP-0818.
En vista de esta inacción, la Contraloría afirmó que “persisten dudas sobre si el MEP ha tomado medidas concretas para dimensionar el alcance y estado real de esta problemática”, más allá de la emisión de circulares y la fijación de requisitos para regular la inversión de fondos públicos en bienes inmuebles a nombre de terceros.
“Así las cosas, resulta reprochable que las autoridades del MEP no hayan implementado las acciones recomendadas por la Contraloría General de la República desde el 2004, hace más de 20 años, para abordar una problemática histórica que, si bien es compleja, es necesario resolver y tomar decisiones al respecto”, fustigó el ente fiscalizador.
21 años de advertencias
La problemática relacionada con centros educativos que operan en terrenos inscritos a nombre de terceros no es nueva para el MEP y ha sido abordada por la Contraloría en distintas ocasiones a lo largo de los últimos 21 años.
El primer antecedente data del 3 de diciembre del 2004, cuando la Contraloría emitió un criterio tras una propuesta para invertir fondos públicos en obras de reconstrucción luego de un terremoto que dañó centros educativos en Puntarenas, San José y Heredia.
A pesar de los daños sufridos, varios de esos centros operaban en terrenos cuya titularidad no correspondía ni al MEP ni a las Juntas de Educación. Ante esa situación, el órgano contralor propuso emitir un criterio técnico con el objetivo de contribuir a resolver una situación que ya entonces calificó como delicada.
Desde una perspectiva general, la Contraloría recomendó al MEP realizar un inventario de las escuelas y sus propietarios registrales, para así poder tomar decisiones que permitieran regularizar su estatus. Entre las acciones sugeridas, figuraban la instauración de informaciones posesorias, la solicitud de traspasos registrales, la firma de contratos de usufructo o permisos de uso, e incluso la posibilidad de impulsar un proyecto de ley. Para ello, se instó a crear un programa específico de titularización y a dotarlo de personal.
Un segundo antecedente se presentó en el 2006, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) enfrentó una situación similar al intentar ejecutar convenios con Juntas de Educación para construir y reparar infraestructura escolar. En ese momento, la Contraloría reiteró la necesidad de que la Administración adoptara medidas concretas para regularizar los inmuebles.
La última vez que el tema fue sometido a análisis por parte del órgano contralor fue en el 2016. En esa ocasión, la Contraloría rechazó avalar transferencias del MEP para proyectos de infraestructura en terrenos que aún se encontraban en proceso de regularización registral, al no existir una solicitud concreta que pudiera resolverse conforme a la Ley General de Contratación Administrativa.
En aquel momento, el MEP alegó que, pese a haber promovido decretos para mejorar la gestión administrativa –como el Reglamento General de Juntas de Educación (Decreto 38249-MEP) y el que organiza las oficinas centrales del Ministerio (Decreto 38170-MEP)–, no le había sido posible regularizar todas las propiedades donde operan centros educativos.
