EscucharMarta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fustigó el proyecto de ley del Frente Amplio que permitiría la pensión anticipada a los funcionarios operativos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
Esquivel argumentó que la medida tendría efectos negativos en las finanzas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), aunque admitió que la institución aún no tiene cifras sobre los efectos.
Durante una comparecencia en la Comisión Legislativa de Asuntos Sociales, Esquivel subrayó que, aunque el trabajo de Bomberos es esencial para la salud pública, la propuesta abriría la puerta para que otros grupos, como policías, guardaparques y personal de salud, soliciten un tratamiento similar.
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Esto, según Esquivel, complicaría la gestión del régimen del IVM y pondría en riesgo su sostenibilidad financiera.
La jerarca citó que, en las pensiones de la Caja, no se hacen distinciones entre grupos ocupacionales. Por lo tanto, una disposición como la planteada podría aumentar la demanda de pensiones anticipadas entre otros sectores con características similares de peligrosidad, insistió.
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El proyecto, presentado por la diputada Sofía Guillén, del Frente Amplio, propone que los funcionarios de Bomberos puedan pensionarse por vejez después de 25 años de servicio activo, con al menos 300 cuotas.
En los casos en que, a los 50 años de edad, no se alcancen las 300 cuotas, pero se hayan completado 15 años de servicio (180 cuotas), se otorgaría una pensión proporcional determinada reglamentariamente.
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, añadió el proyecto no incluye un estudio actuarial del impacto económico para el régimen.
Barrantes destacó que la regulación vigente requiere cumplir con dos condiciones para pensiones: 300 cotizaciones y una edad de 65 años para la jubilación, y advirtió que una edad de retiro de 50 años implicaría un “costo importante” para el IVM debido al aumento en la esperanza de vida.
En consecuencia, sugirió que cualquier propuesta de jubilación anticipada debería estar acompañada de un financiamiento adecuado. Recordó que la Ley de Protección del Trabajador permite adelantar la pensión después de los 57 años si el trabajador cubre el costo total del retiro anticipado en un solo pago.
Sofía Guillén y Marta Esquivel se acusan por falta de estudio actuarial
Consultada sobre si evaluó el impacto financiero del proyecto y presentó algún estudio sobre el financiamiento de la pensión anticipada, Guillén respondió que esa tarea corresponde a la Caja.
La diputada acusó a Esquivel de incapacidad, argumentando que la estimación del impacto debería hacerla la Caja. Guillén agregó que no tiene la base de datos de la CCSS para hacer un estudio actuarial.
Priscila Vindas, diputada frenteamplista, consultó a Esquivel si existe una estimación en la Caja respecto al impacto de un retiro promedio a los 55 años en el IVM.
Además, Vindas destacó que los bomberos tienen un horario semanal de 72 horas, casi el doble de una jornada ordinaria y que, en consecuencia, cotizan más a la seguridad social.
Esquivel respondió que no se ha realizado dicho estudio. Justificó que un análisis actuarial puede tardar entre seis meses y un año.
También mencionó que los datos específicos sobre los bomberos están en el Instituto Nacional de Seguros (INS). La presidenta de la CCSS recomendó que los proponentes del proyecto presenten el estudio actuarial correspondiente.
Asimismo, Esquivel recomendó analizar la propuesta de Jaime Barrantes, que contempla el uso del esquema de retiro anticipado previsto en la Ley de Protección al Trabajador, y eventualmente crear un fondo con la participación del empleado, para mitigar el impacto en el IVM.
Pensionados por vejez del IVM se triplicarán en 25 años
En los próximos 25 años, el número de jubilados por vejez en el IVM se triplicará, lo que generará un mayor estrés financiero en el sistema, según publicó La Nación este 16 de setiembre.
La proyección para este año es que haya 215.000 jubilados por vejez, luego de cumplir los 65 años, cifra que ascenderá a 636.000 para 2049.
En total, se estima que el número de beneficiarios del IVM crecerá de 370.000 en el 2024, incluidos los de invalidez y muerte, a 906.882 en el 2049. Las pensiones por vejez pasarán del 58% al 70% del total de beneficiarios, mientras que las pensiones por invalidez y muerte representarán el 30% restante.
Este aumento en los jubilados por vejez contribuiría a un déficit actuarial de ¢74,2 billones en el sistema.
