Laura Fernández, candidata presidencial del chavista partido Pueblo Soberano (PPSO), utilizó una imagen alusiva al presidente Rodrigo Chaves, en la portada de la propuesta de plan de gobierno, presentado este viernes en un acto oficial en el hotel Aurola, en San José.
La carátula del documento muestra, de izquierda a derecha, una imagen con las siluetas de Chaves, la diputada oficialista Pilar Cisneros y la candidata Fernández. Los tres aparecen de espaldas.
Fernández afirmó que le dedicaba la propuesta al presidente Rodrigo Chaves. El documento se titula “Más oportunidades, un mismo rumbo. Plan de la continuidad 2026-2030”.
Si bien La Nación consultó a la aspirante si solicitó autorización a Chaves para usar su imagen en el programa de gobierno, se rehusó a contestar esta pregunta y las del resto de la prensa, al finalizar la actividad.
Rodrigo Chaves afirmó el pasado 15 de octubre, durante la conferencia de prensa semanal del gobierno desde la Casa Presidencial, que “muchos candidatos, la mayoría usa mi nombre de maneras que yo no controlo ni puedo controlar”, sobre las menciones que Fernández ha hecho de un eventual nombramiento suyo como ministro de la Presidencia, en caso de una victoria en los comicios de 2026.
¿Es permitido el uso de la imagen del presidente?
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha indicado que el uso de imágenes de funcionarios públicos, incluidas las del presidente de la República, en la propaganda de las agrupaciones políticas, no supone ningún quebranto a las reglas que regulan la contienda.
“La función pública que desempeñan esos servidores, según el numeral 47 del Código Civil, hace que su fotografía o imagen pueda ser utilizada aún si no se cuenta con su autorización”, indicó el órgano en una resolución del 2021, respecto al uso de la imagen del entonces presidente Carlos Alvarado, en unas vallas publicitarias, de connotación político electoral.
Los magistrados sí indicaron que, en caso de que la persona mandataria considere que existe una afectación a la honra, buen nombre o cualesquiera otros derechos, puede promover las respectivas acciones legales para exigir responsabilidad civil o penal, por el uso de su imagen.
El plan de gobierno impulsado por Fernández cuenta con una serie de propuestas que también promovió Chaves durante su administración.
Por ejemplo, la candidata se comprometió con la venta de activos del Estado, empezando por el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tal como lo trató de realizar, sin éxito, el gobierno de Chaves.
Igualmente, señaló acciones contra las pensiones de lujo, la construcción de Ciudad Gobierno y de la marina de Limón. También reitera el proyecto para eliminar cuellos de botella en el sector público, que fue una iniciativa a cargo del exministro de Economía, Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia de Fernández.
Al acto de campaña asistieron los candidatos a diputados de Pueblo Soberano, así como los actuales legisladores chavistas de la bancada de Progreso Social Democrático (PPSD).
Fernández replica propuesta de Fabricio Alvarado sobre estado de excepción
Pero las propuestas de Fernández no solo son similares o una continuidad de lo que Chaves ha impulsado. La candidata también dijo que promoverá el levantamiento o suspensión de las garantías individuales, por razones de seguridad, en puntos de alta concentración de la actividad delictiva organizada.
Una iniciativa similar planteó el diputado y candidato presidencial Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), el 1.° de setiembre, mediante un video publicado en sus redes sociales.
En la grabación, Alvarado afirma que la primera instrucción de una posible fracción legislativa de Nueva República, electa en el proceso electoral de 2026, sería que negocie con las demás bancadas y el Poder Ejecutivo, la declaratoria de un estado de excepción, para atender la ola de criminalidad.
La propuesta del legislador tampoco aplicaría para todo el territorio nacional, sino que estaría circunscrita a aquellas comunidades en las que se identifique, por parte de las autoridades, que las organizaciones criminales tienen el control.