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La presidenta de la República, Laura Fernández, allanó el camino para imponer una sanción al alcalde de San José, Diego Miranda, tras rechazar una recusación planteada por el jerarca contra 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes que integran el Concejo Municipal.
Diego Miranda Méndez paralizó una investigación disciplinaria en su contra por presuntamente haber usado dos abogados municipales en un caso personal al recusar a esos regidores.
Ante la imposibilidad de hacer cuórum para conocer el caso, Fernández debía conocer la gestión de Miranda.
La norma invocada, el artículo 234.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), establece que cuando la recusación afecte a la totalidad de los miembros de un cuerpo colegiado y no existe superior jerárquico, como ocurre en la estructura municipal, la resolución recae en el Presidente de la República.
La Presidencia rechazó la pretensión del jerarca municipal y argumentó que los hechos de la sanción anterior no se relacionan con el proceso actual. Por ello, la resolución determinó que no existe motivo para separar al Concejo, el cual mantiene su competencia para resolver el caso.
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