El Concejo Municipal de San José rechazó, por mayoría, sancionar a la regidora y expresidenta municipal Mariana Zúñiga, de Juntos, por presuntamente ocultar durante 14 meses un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que pedía investigar al alcalde Diego Miranda Méndez, quien es del mismo partido que la edil.
Hubo seis votos en contra de declarar a Zúñiga responsable administrativamente, mientras que se registraron cinco a favor. Sin embargo, será hasta la próxima sesión que el acuerdo adquiera firmeza.
En contra votaron Andrea Rudín (Juntos), Bernardita Fallas (Juntos), Alexander Cano (PLN), Katia Solano (PLN), Luis Murillo (independiente, exPLN) y Rafael González (independiente, exJuntos).
A favor se pronunciaron Greivin Chávez (Más San José), Jose Manuel Jiménez (independiente, exPLP), Álvaro Salas (PUSC), Yorleny Córdoba (independiente, exPPSD) y Brandon Guadamuz (FA).
Fue la Auditoría Interna del ayuntamiento la que solicitó la apertura de la investigación tras la alerta de la PEP. El órgano encargado de investigar el caso recomendó sancionar a Zúñiga con 15 días naturales sin goce de dieta, al atribuirle la violación del principio de legalidad, incumplimiento de deberes funcionales y falta al deber de probidad.
Por sesión, lo regidores propietarios devengan una dieta de más de ¢200.000 por sesión.
La Nación pidió a Zúñiga emitir una posición. Sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Reacciones
“Yo no puedo venir a desaprobar lo que un órgano de compañeros nombrados por este Concejo ha dictaminado y ha recomendado (...) Lo que aquí sucedió no es cosa menor, fue el ocultamiento, y así quedó demostrado durante 14 meses de un oficio de la PEP que pedía un proceso contra el señor alcalde”, dijo el regidor Álvaro Salas, del PUSC.
Salas dijo a La Nación que no descarta que la Procuraduría tome cartas en el asunto. Agregó que la decisión de la mayoría de los ediles no le sorprende, pues, según señaló, reedita la alianza entre Juntos y el PLN que permitió al actual presidente municipal, Rafael González, acceder al cargo.
En tanto, el regidor Brandon Guadamuz explicó que tras revisar el expediente completo, halló que, un día antes de que la PEP enviara el correo a Zúñiga, la misma Procuraduría pidió un correo para enviar la denuncia.
“Le estaban diciendo, señora presidenta, tenemos una denuncia, necesitamos enviársela. ¿Dónde se la podemos enviar?, el 11 de diciembre (de 2024). La secretaría de la señora regidora Mariana Zúñiga en ese momento responde que: ‘Con instrucciones de mi jefatura Mariana Zúñiga le envío que este es el correo donde puede enviar (la denuncia) y cita el correo’. Un día después le mandan dicho correo", explicó Guadamuz.
El regidor reprochó la falta de atención ante ese aviso previo: “Había una expectativa ahí concreta, inminente, ella estaba alertada un día antes de que iba a recibir esta denuncia de la Procuraduría de la Ética Pública. Yo creo que si a mí me llega un correo de la PEP diciéndome que me va a llegar una denuncia, yo revisaría el correo. O sea, yo estaría pendiente. Es algo importante, de verdad que sí”, señaló.
Según Guadamuz, “Juntos no parece ser ese cambió que le prometió a San José, sobre todo desde que se unió con el arayismo del PLN”. Agregó que esta decisión del Concejo debería comunicarse a la PEP.
El presidente municipal, Rafael González, justificó su voto negativo porque la investigación contra Miranda continuó su curso y no prescribió. Además, consideró desproporcionada la sanción recomendada.
El municipio, en efecto, investiga a Miranda por el caso original remitido a Zúñiga, mientras que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo en sede penal.
El caso
El 12 de diciembre de 2024, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) envió a la entonces presidenta del Concejo, Mariana Zúñiga Pérez, un informe que señalaba al alcalde Diego Miranda por una presunta violación al deber de probidad. El objetivo era que ella lo elevara al Concejo Municipal.
Tras más de un año sin recibir información, la PEP envió el 30 de enero de 2026 consultas y le otorgó al Concejo Municipal un plazo de tres días hábiles para responder formalmente si se había iniciado o no un procedimiento administrativo contra el alcalde.
El 4 de febrero de 2026, la presidenta del Concejo Municipal remitió una respuesta formal a la PEP disculpándose por la omisión.
Explicó que el correo electrónico del 12 de diciembre de 2024 no fue conocido por su despacho sino hasta el 31 de enero de 2026. Justificó que se debió a un “error material involuntario” provocado por la alta saturación de correspondencia electrónica diaria que causó que el mensaje se traspapelara y quedara pendiente de apertura en su bandeja de entrada.
El 5 de febrero de 2026, la PEP enfatizó que el informe del 2024 se había enviado a la presidenta para que ella, bajo sus facultades legales (como preparar el orden del día), lo distribuyera a los regidores competentes.
La PEP recordó en esta comunicación que, según el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el actuar de Zúñiga se podría reputar como una falta grave.
El 24 de marzo del 2026, el Concejo ordenó nombrar un órgano para investigar el caso. Este recomendó sancionarla. Sin embargo, ahora, una mayoría en el Concejo Municipal decidió eximir a Zúñiga de responsabilidad.