EscucharLos jerarcas del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa anunciaron que darán prioridad al proyecto de ley de ejecución de la pena, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, emitiera un decreto para sacarlo de la agenda legislativa durante las pasadas sesiones extraordinarias.
El anuncio se realizó este miércoles 26 de febrero, tras la reunión de los supremos poderes para abordar la crisis de inseguridad que afecta al país.
El encuentro tuvo lugar en la Asamblea Legislativo y no contó con la presencia de representantes del gobierno, pues Chaves y sus ministros se negaron a asistir.
Según informó Rodrigo Arias, presidente legislativo, en la reunión se acordó dar prioridad a este texto, que está listo y que, dijo, es una deuda que el país tiene con la justicia desde años atrás.
“Hemos convocado nuevamente a quienes trabajan día a día en el combate contra el crimen, con el fin de conocer de primera mano qué otras herramientas legales necesitan para fortalecer su labor.
“Esta reunión ha sido altamente productiva, gracias a los aportes de los representantes del Poder Judicial, así como de las señoras y los señores diputados”, indicó Arias.
Esta iniciativa, dictaminada afirmativamente a inicios de octubre en la Comisión de Seguridad del Congreso, había avanzado gracias a un consenso alcanzado entre los tres poderes de la República hace más de un año.
Sin embargo, el pasado mes de noviembre el gobierno desconvocó el proyecto, por lo que quedó congelado durante varios meses y salió de la agenda del plenario del Congreso, donde hacía fila esperando su avance.
El objetivo del plan, que circula bajo el expediente 24.019, es regular la ejecución de las penas impuestas a los condenados, tanto en el sistema penitenciario como en el régimen semiinstitucional, que permite al Ministerio de Justicia y Paz sacar a una persona de la cárcel mediante beneficios condicionados.
El plan regula la opción de los privados de libertad de trabajar y estudiar mientras cumplen su condena, así como la propuesta de mejoras en los plazos para el proceso de ejecución, una vez que la persona recibe su condena.
La norma reemplazará el esquema fragmentado actual, en el que alrededor de 10 normas del Código Penal regulan el cumplimiento de las sentencias.
El encuentro celebrado por los jerarcas contó con la presencia de Orlando Aguirre, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia; Carlo Díaz, fiscal general de la República; Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera.
“Agradezco la voluntad del Poder Judicial y todos sus órganos de trabajar de cerca con esta Asamblea Legislativa para seguir haciendo la parte que nos corresponde.
“Ahora confiemos en que el Poder Ejecutivo finalmente asuma su tarea de fortalecer la prevención y la acción efectiva contra la delincuencia”, expresó Arias.
Texto deberá ser aprobado antes de mayo
Patricia Solano explicó que el texto está completamente terminado, pues se debían solventar algunos aspectos relacionados con la ejecución de la pena de las personas con problemas mentales que estaban en conflicto con la ley. Para esas mejoras se contó con apoyo de órganos técnicos.
“El proyecto está completamente terminado con esos aspectos subsanados. (...) estamos esperando para dar el dictamen final desde Sala Tercera el día de mañana (jueves 27 de febrero), en la Asamblea Legislativa, y que pueda continuar en la corriente legislativa”, afirmó.
Arias enfatizó en que después de esto se realizará una reunión de jefes de fracción para agilizar el proyecto, pues el acuerdo es que pueda estar aprobado antes del 1.º de mayo.
En caso de que no se aprobara en segundo debate antes de mayo, el texto corre el riesgo de volver a ser expulsado de la agenda por el presidente Chaves.
