EscucharOcho diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron afirmativamente un proyecto de ley que castigaría con una pena de dos a cuatro años de prisión a quien introduzca ilegalmente celulares en las cárceles.
La iniciativa, formulada por el Ministerio de Justicia y Paz, propone adicionar un artículo 257 quáter al Código Penal para establecer un nuevo tipo penal.
Este artículo sancionaría a quien, de forma ilegal, posea, introduzca, facilite o procure el ingreso de teléfonos celulares, dispositivos satelitales o de comunicación, componentes tecnológicos o tarjetas SIM en un establecimiento penitenciario de modalidad cerrada, con el fin de facilitar la comunicación de los reclusos.
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La pena aumentaría en un tercio si la infracción es cometida por funcionarios públicos, proveedores de servicios o productos en los centros penitenciarios cerrados, abogados en el ejercicio de su profesión o cualquier persona con autorización especial de ingreso, pero que no tenga permiso para llevar estos dispositivos.
El proyecto fue dictaminado, el pasado jueves, por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD), Liberal Progresista (PLP), Nueva República (PNR), Frente Amplio, y la independiente Gloria Navas. La liberacionista Alejandra Larios estuvo ausente de la votación.
Normas actuales solo prevén sanciones administrativas
Según la diputada Gloria Navas, abogada penalista, actualmente no existe una sanción penal, solo administrativa vía reglamento, para quienes introducen teléfonos celulares en las cárceles.
A los internos, cuando se les sorprende con un teléfono, son trasladados a otros módulos más cerrados y se les imponen restricciones, como la pérdida de privilegios.
Además, los funcionarios implicados enfrentan un proceso administrativo, lo que puede resultar en sanciones como la suspensión sin goce de sueldo o incluso el despido, según la legisladora.
El proyecto dictaminado sanciona la introducción ilegal de celulares y otros dispositivos de comunicación en las cárceles, ya que actualmente los funcionarios de los centros penitenciarios pueden utilizar sus propios aparatos, según explicaron navas y Pilar Cisneros, diputada del PPSD.
Celulares facilitan actividades delictivas en cárceles
Según la justificación del proyecto, la presencia de dispositivos electrónicos móviles en manos de personas privadas de libertad facilita la realización de actividades delictivas desde el interior de las cárceles, lo que amenaza la integridad de la sociedad y obstaculiza la labor de rehabilitación y reinserción.
En agosto pasado, la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos halló dos celulares durante un allanamiento en la celda de Darwin González Hernández, presunto cabecilla de un grupo relacionado con la venta de drogas y el lavado de dólares.
Los dispositivos y dos cargadores decomisados estaban en una celda de máxima seguridad de La Reforma, en Alajuela, y podrían ser clave para determinar la relación de uno de los principales sospechosos en el caso Pancho Villa, que vincula a un grupo narcotraficante con funcionarios públicos en la zona sur.
La Fiscalía no consideró necesario solicitar medidas cautelares adicionales contra González mientras avanza la investigación.
De acuerdo con datos suministrados por la Dirección de la Policía Penitenciaria y citados en el proyecto, entre octubre y diciembre de 2023 se incautaron un total de 784 teléfonos celulares en las cárceles del país.
También se decomisaron 563 chips internacionales provenientes de países como Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Colombia y Estados Unidos.
Al respecto, las autoridades han detectado que los privados de libertad acuden ahora a otros métodos para evadir la vigilancia, como el uso de chips internacionales que logran burlar el bloqueo de la señal celular en los centros penitenciarios.
