EscucharUn informe elaborado por diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre el Caso Diamante, insta a la Fiscalía a investigar si el exalcalde de San José, el liberacionista Johnny Araya, recibió sobornos de la empresa MECO a cambio de asegurarle contratos para la construcción y mantenimiento de infraestructura vial en la capital. A su vez, se propone trasladar el caso al Tribunal de Ética del PLN.
Según el documento, existen indicios de que funcionarios municipales habrían manipulado procesos de contratación, por lo que se solicita al Ministerio Público presentar una acusación formal por los presuntos delitos de soborno, tráfico de influencias, destrucción de documentos y modificaciones unilaterales de contratos.
El informe recuerda que la Fiscalía dispone de audios y transferencias bancarias que podrían vincular a funcionarios municipales con presuntos actos de corrupción. Además, se pide investigar la desaparición de expedientes completos relacionados con contrataciones en la Municipalidad de San José, lo cual habría impedido verificar la legalidad de los acuerdos y sugiere un posible intento deliberado de ocultar pruebas.
La presentación de este documento frenó la votación de otro informe, entregado tres semanas antes por otros miembros de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.
El primer informe proponía sancionar a la constructora MECO, al exalcalde de San José Johnny Araya, al alcalde de Cartago Mario Redondo y a otros cuatro antiguos jerarcas municipales. El nuevo documento del PLN mantiene estas recomendaciones, aunque introduce modificaciones.
Mientras el primer documento señala que el caso Diamante revela “una compleja red de corrupción que, presuntamente, involucra a altos funcionarios municipales y empresarios del sector construcción”, el nuevo documento afirma que existen indicios de aparente corrupción.
El nuevo documento omite la descripción de los supuestos hechos delictivos y transcripciones de conversaciones telefónicas de Araya.
En un video difundido por el PLN, la diputada Dinorah Barquero destacó que el nuevo informe “no juzga”, sino que analiza pruebas y situaciones específicas.
“Es fundamentalmente un informe que viene a mantener un seguimiento de los hechos ocurridos, pero que de igual manera entiende que hay un debido proceso, que hay un principio de inocencia y que son los órganos encargados de esto quienes deben dar un dictamen final sobre los hallazgos”, declaró Barquero.
El nuevo informe mantiene las recomendaciones originales dirigidas a la Contraloría General de la República (CGR), al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y a la Procuraduría de la Ética, instando a la aplicación de sanciones de destitución o inhabilitación para Johnny Araya; Mario Redondo, alcalde de Cartago; Alfredo Córdoba, exalcalde de San Carlos; Alberto Cole, exalcalde de Osa; Humberto Soto, exalcalde de Alajuela; Arnoldo Barahona, exalcalde de Escazú; Cristian Boraschi, quien era el gerente del Departamento de Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú al estallar el caso; y Gustavo Alonso Mayorga, exregidor del Partido Nueva República (PNR) en Golfito.
Además, agrega a la lista al exalcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos.
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Johnny Araya: Es una propuesta mucho más objetiva y responsable
En conversación con La Nación, Johnny Araya aseguró que el nuevo informe “tiene una terminología muchísimo más equilibrada” y se trata de “una propuesta mucho más objetiva y responsable”.
Semanas atrás, el exalcalde de San José aseguró que el primer informe contenía numerosas aseveraciones falsas, una interpretación errónea de los hechos y “acusaciones temerarias que ni siquiera el Ministerio Público ha planteado”.
En su criterio, el nuevo texto es respetuoso del principio constitucional de presunción de inocencia.
“Sí me parece que ya hay una propuesta mucho más objetiva, más responsable. La otra tenía una cantidad de afirmaciones falsas, de hechos falsos, de inclusive confusiones. Por ejemplo, mezclaban cosas de otro de los acusados en afirmaciones que no tenían nada que ver conmigo. Me parece que había sido hecho de manera poco cuidadosa y sin la responsabilidad que demanda un informe de esta naturaleza”, aseveró Araya.
El exalcalde destacó, además, que el Poder Judicial está “completamente estancado” en cuanto a la tramitación del caso. Según dijo, han pasado tres años y un mes desde que ocurrió la denuncia y, al día de hoy, no han fijado la primera audiencia para conocer la apelación presentada desde el 15 de noviembre del 2021.
“Yo enhorabuena celebro que una comisión legislativa esté solicitándole al Ministerio Público y en general al Poder Judicial que le den un trámite a este caso, que está completamente estancado”, aseguró.
La Nación también solicitó una reacción a la constructora MECO. A través de su vocería de prensa, la empresa indicó que no hará ninguna declaración, pues se mantiene respetuosa de la investigación en curso, el debido proceso y las autoridades judiciales.
