EscucharDos imputados en el Caso Barrenador abogaron en marzo por que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les pagara una póliza para cubrir eventuales consecuencias legales por la toma de decisiones equivocadas. Se trata del directivo Johnny Alfredo Gómez Pana, representante del sector patronal, y del exdirectivo Jorge Arturo Porras López, quien había sido nombrado por el gobierno. Ellos pidieron proteger el patrimonio de los miembros de la Junta Directiva.
Gómez Pana, quien está suspendido del cargo por orden judicial, planteó una póliza similar a la que la administración de Rodrigo Chaves pretende contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS), por ¢248 millones, para cubrir a los miembros del gabinete de sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos. El Ministerio de Hacienda frenó la contratación mientras gestiona una consulta de legalidad ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Yo ando detrás de que en la Caja, tanto la Junta Directiva como las gerencias deben tener una póliza de responsabilidad civil que las proteja por exactamente errores en la toma de decisiones, porque en el fondo los estamos asumiendo personalmente cuando tomamos las decisiones”, afirmó el directivo en la sesión del pasado 14 de marzo.
“Me gustaría que la Gerencia Administrativa revisara con el Área de Seguros la posibilidad de establecer una póliza en ese sentido, que nos cubra a todos (...). Estamos al descubierto en relación con la responsabilidad civil correspondiente, por si cometemos errores en la toma de decisiones”, agregó.
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El comentario de Gómez surgió cuando la Junta Directiva discutía una propuesta del Manual Organizacional de la Gerencia General de la Caja.
Involucrados en Caso Barrenador estuvieron presentes
Al momento de la intervención de Johnny Gómez, en la sesión ordinaria 9418, estaban presentes otros dos directivos y dos exdirectivos que actualmente figuran como investigados por el presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la contratación de cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
Los directivos son María Isabel Camareno Camareno y Zeirith Rojas Cerna, mientras que los exdirectivos son Jorge Arturo Porras y Jorge Luis Araya Chaves.
El único de los jerarcas que respondió a la inquietud de Gómez fue Jorge Arturo Porras López, designado por el Poder Ejecutivo.
El representante del gobierno expresó su apoyo a la idea de proteger a los integrantes de la cúpula de la Caja y se quejó de la baja retribución que reciben, en comparación con la responsabilidad de sus decisiones.
“Sí es importante retomar lo que indicó don Johnny. Como miembros de Junta Directiva, casi trabajamos ad honorem (sin retribución), no nos dan ni café, no hay presupuesto para eso; sí es importantísimo porque he estado en otras Junta Directivas donde efectivamente hay una póliza, porque nosotros, como lo digo, trabajamos prácticamente ad honorem aquí, pero tenemos una gran responsabilidad y ahí sí le tomo la palabra a doña Marta (no especifica apellido) donde me dice, ‘miren, me pueden demandar por A, B, C y 50 cosas’
“Me gustaría que en algún momento los miembros de Junta Directiva ya veamos eso un poco más en concreto”, declaró.
Johnny Gómez, Isabel Camareno y Zeirith Rojas se encuentran inabilitados del cargo por seis meses, como parte de las medidas cautelares dictadas el pasado 10 de octubre por el Juzgado Penal de Hacienda y Función Pública, mientras el Ministerio Público continúa con las pesquisas.
Por otro lado, Jorge Luis Araya y Jorge Porras dejaron el cargo. No obstante, a todos los imputados se les prohibió comunicarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar de cualquier forma a los testigos del caso, así como conocer cualquier situación laboral de los mismos. Además, no podrán conocer ningún asunto relacionado con la cuestionada licitación.
Martha Elena Rodríguez González, representante sindical y quien está no imputada en el Caso Barrenador, también estuvo presente en el momento en que Gómez Pana hizo el comentario.
Gobierno pretende contratar póliza
El pasado 28 de octubre, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró que frenaría la contratación al INS de una póliza de responsabilidad civil para cubrir al presidente, sus vicepresidentes, ministros y viceministros en caso de afrontar litigios o sanciones civiles derivados de actuaciones, omisiones o negligencias en el ejercicio de sus funciones públicas.
Acosta indicó que consultaría a la Procuraduría sobre la legalidad de utilizar fondos públicos para adquirir el citado seguro, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) indicara a distintos medios de comunicación que este tipo de protección debe ser pagada por el funcionario y no con recursos del erario público.
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El expediente de la contratación 2024PX-000002-0009100001, en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), detalla que la prima anual de ese seguro le costará ¢248.391.706.
Un total de 65 puestos del Poder Ejecutivo quedarían bajo la protección de la póliza, con un límite por persona hasta de $500.000 al año, mientras que el agregado anual no podrá superar los $3 millones. El contrato, según se detalla en Sicop, contará con una vigencia de 12 meses, con posibilidad de prórroga por un máximo de 48 meses.
