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Los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández revivieron una concesión minera para que una sociedad de los exdiputados Otto y Peter Guevara Guth pueda explotar un tajo en una propiedad ubicada cerca del puente sobre el río Barranca, en Esparza, junto a la carretera Interamericana norte. La cantera está en un terreno que la firma Guevara Guth y Asociados S. A. perdió en el 2018 por una deuda de financiamiento electoral del extinto partido Movimiento Libertario.
El 2 de junio del 2026, la presidenta de la República, Laura Fernández, y la ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro, firmaron la autorización del proyecto minero El Tejar, que consiste en la extracción a cielo abierto de materiales no metálicos destinados a la producción de agregados para la construcción.
Antes de esta rúbrica, fue fundamental una decisión tomada en la administración Chaves por el entonces viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, quien revirtió una resolución de la Dirección de Geología y Minas que había archivado el proyecto por incumplimientos de la sociedad. En ese momento, Rodríguez actuó como ministro en sustitución del entonces jerarca Franz Tattenbach, quien fue candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial de Otto Guevara en las elecciones del 2018.
Proyecto había sido rechazado
El 18 de enero del 2024, la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) había rechazado la concesión porque la empresa Guevara Guth y Asociados no respondió una prevención en la que se le señalaba que estaba incumplimiendo un conjunto de requisitos mínimos establecidos en el Reglamento del Código de Minería.
Desde el 23 de marzo del 2023, Geología y Minas había advertido a la sociedad de los exdiputados de que:
- No constaba una autorización del propietario del terreno para su explotación.
- No había presentado la información financiera (superficie del yacimiento, costos de compra o arrendamiento, e impuestos).
- No había claridad sobre la dirección de los perfiles topográficos en el diseño de los cortes de los taludes.
- Tampoco envió el diseño de “una zona de amortiguamiento en caso de caída de bloque”.
En el momento de la prevención, el inmueble estaba a nombre del Banco Lafise, que la había adquirido en octubre del 2018 luego de que el Movimiento Libertario incumpliera con el pago de una deuda de ¢163 millones que había adquirido para la campaña electoral del 2014. La propiedad era la garantía.
Guevara Guth y Asociados había solicitado la concesión desde el 2011, pero no había podido avanzar, entre otras cosas, porque no contaba con la aprobación del estudio de impacto ambiental, permiso que obtuvo en junio del 2021. Un mes después, reactivó la solicitud de la concesión, pero ya no era propietaria del terreno.
En diciembre del 2023, el banco le vendió la finca en $150.000 (¢80,6 millones al tipo de cambio de ese momento) a la sociedad de responsabilidad limitada 3-102-891475, cuyo gerente y apoderado generalísimo es Orlando Guerrero Vargas, exdirigente y exfinancista de campañas del Partido Liberación Nacional (PLN).
Reacción inmediata de los Guevara Guth
El 26 de enero del 2024, ocho días después del archivo del proyecto, el exdiputado Peter Guevara, actuando como representante de la sociedad presidida por su hermano Otto Guevara, presentó un recurso de revocatoria en contra de la resolución.
Cinco días después del archivo de la solicitud y tres días antes de que Guevara apelara, Orlando Guerrero envió al Registro Nacional Minero un escrito donde autorizó la utilización de la propiedad para la explotación del tajo.
Ese era uno de los requisitos que Guevara Guth y Asociados S. A. no había podido cumplir, según consta en el expediente minero N.° 2021-CAN-PRI-023.
En el recurso de revocatoria, entre otras cosas, Peter Guevara alegó que la resolución de archivo se basó en un reglamento del Código Minero que no estaba vigente para el momento en que gestionó la solicitud de concesión, el decreto N.° 43443-Minae, y que lo correcto era usar el decreto N.° 29300-Minae que estaba vigente cuando se pidió la concesión en el 2011.
Geología y Minas: error no borra incumplimientos
La Dirección de Geología y Minas pidió declarar sin lugar la gestión de Guevara señalando que ese es “un error de referencia al nuevo reglamento” que no borra los incumplimientos de la sociedad.
“Esto no generó ningún estado de indefensión ni perjuicio a la sociedad solicitante de concesión; tampoco transgrede el transitorio único del decreto N.° 43443-Minae, por el simple motivo de que el incumplimiento a los anexos solicitados es indiferente a la norma citada en tal prevención", recalcó el entonces director interino, Mario Gómez Venegas, en la resolución N.° 602-2024.
El transitorio citado establecía que los proyectos solicitados cuando estaba vigente el reglamento anterior debían tramitarse con esa normativa.
No obstante, el 20 de enero del 2025, el entonces viceministro Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, declaró el recurso con lugar. En su criterio, la mención errónea del reglamento generó “una duda razonable” y ordenó retrotraer el proceso al momento de la prevención (resolución N.° R-0010-2025-Minae).
Un año y dos meses después, el 8 de abril del 2026, Ana Sofía Huapaya Ridríguez-Parra, directora interina de Geologías y Minas, le informó al entonces ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, de que Guevara Guth y Asociados había cumplido todos los requisitos y lo que procedía era entregar la concesión.
Dos meses después, el 2 de junio, la presidenta Fernández y la nueva ministra Mónica Navarro firmaron el decreto de otorgamiento de la concesión (N.° R-314-2026-Minae).
Orlando Guerrero: ‘Emití un permiso para evitar un pleito’
Orlando Guerrero, representante de la nueva sociedad propietaria del terreno en Esparza, afirmó: “Emití un permiso para evitar un pleito. Era un trámite en marcha. La tierra era del banco (Lafise). Ellos (el banco) querían vender y deshacerse del inmueble. Lo del permiso era una expectativa para ese momento. No era factor para mí como sujeto de derecho privado. No vi ningún peligro. Minae no permite nada que no esté en regla”.
Guerrero sostuvo que su único interés está en la tierra que le compró a Banco Lafise y que oportunamente tomará las decisiones que correspondan para el futuro de la propiedad.
Señaló que, al momento de la compraventa, la finca tenía unos 12 años de llevar un trámite de obtención de permisos del Minae y que Guevara Guth y Asociados “pertenece al 100% a los señores Guevara únicamente”.
“La sociedad dueña de la tierra es de mi propiedad personal. Entiendo que después de 15 años de trámites, en los que yo no he participado ni tengo vinculación o relación, les dieron una concesión según usted me indica”, continuó.
Este diario también envió consultas al Minae, a la presidencia de la República y al correo electrónico y número de WhatsApp de Peter Guevara, quien solicitó que se le remitieran por esa última vía para contestar este miércoles 19 de agosto. Además, se intentó conversar con Otto Guevara, pero no fue posible.
¿En qué consiste la concesión?
El tajo El Tejar extraerá materiales a cielo abierto en 6,6 hectáreas de las 15,5 hectáreas que mide la propiedad. Sacará unos 712.995 metros cúbicos (m³) de tierra de la ladera sur de una loma a lo largo de 10 años.
En la concesión se autorizó la instalación de infraestructura básica: una caseta para oficinas, despacho, seguridad, servicios sanitarios, baños, comedor, taller mecánico, patios de estoqueado, cribas y tractor con ripper.
El uso del terreno como garantía en campaña electoral
El terreno fue hipotecado en noviembre del 2013 para que el Movimiento Libertario obtuviese un crédito de ¢2.500 millones, para costear la campaña presidencial de Otto Guevara del 2014.
La gestión se hizo mediante un fideicomiso que se denominó “Fideicomiso de garantía Movimiento Libertario-Lafise-Cofin-2013″.
Para esa época, el inmueble estaba valorado en ¢468 millones. En un primer momento, en mayo del 2018, Otto Guevara había planteado al banco “la posibilidad de gestionar la explotación de la finca dada en garantía, bajo la modalidad de un tajo”.
Ese planteamiento fue rechazado por esa entidad financiera, luego de un análisis de la “viabilidad financiera de la propuesta” y, en consecuencia, el 12 de julio del 2018, Lafise le indicó a Consultores Financieros Cofin S. A., que en esa ocasión operó como fiduciario del fideicomiso, que continuara con la ejecución del patrimonio fideicometido, lo cual se concretó el 31 de octubre de ese mismo año.
Cuando se dio en garantía la propiedad, en el 2013, fue valorada en ¢672,5 millones. En el 2018, un avalúo la tasó en ¢468 millones y en la actualidad, en el Registro Nacional aparece que el valor fiscal es de ¢200 millones.
No obstante, la firma de Orlando Guerrero la adquirió por ¢80,6 millones y por el mismo monto la hipotecó, según consta en el acta notarial del traspaso.
