EscucharEl gobierno financiará los gastos del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) debido a la crisis económica que atraviesa esta empresa pública. Para poder inyectarle recursos, el Ministerio de Hacienda informó de que redirigirá fondos de otras instituciones para cubrir las necesidades de la institución y así evitar su cierre.
La información fue comunicada este jueves 23 de enero, durante una conferencia de prensa convocada por el Sinart, en la que se anunció que la institución atraviesa una grave crisis financiera. En el evento participaron Fernando Sandí, presidente ejecutivo de la institución; Laura Fernández, ministra de la Presidencia y Luis Antonio Molina, viceministro de Ingresos de Hacienda.
Para evitar su cierre, la empresa estatal anunció que buscará una reestructuración con apoyo del gobierno. Los cambios incluirían ajustes en la planilla, despidos y traslados internos, así como acuerdos mutuos con empleados.
Según indicó Sandí, la situación actual es insostenible y los costos operativos no permiten cubrir los gastos. Ante esta realidad, el gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, acordó financiar temporalmente al Sinart utilizando recursos públicos. El monto exacto que se presupuestará no fue revelado en la conferencia.
Paralelamente, el gobierno se comprometió a que el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) realice un estudio técnico para proponer una medida de reestructuración que permita a la institución seguir a flote.
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De acuerdo con el presidente del Sinart, el pasado 15 de enero, el Consejo de Gobierno recibió un informe preparado por la institución en que se detalló la crítica situación financiera que atraviesa y eventuales medidas para hacerle frente. Tras analizarlo, el Ejecutivo acordó brindar apoyo económico mientras se busca una solución sostenible.
El informe presentado al gobierno proponía diversas medidas para evitar el cierre del Sinart, entre ellas la reducción de costos operativos, una reorganización funcional y un ajuste en la planilla, que actualmente es de 144 empleados. Las opciones planteadas consideran disminuir el personal a 120 o incluso a 90 trabajadores. También se valoró la posibilidad de solicitar ¢1.500 millones adicionales para mantener la operación con la planilla actual.
Durante la conferencia, la ministra de la Presidencia insistió en que existe una gran diferencia entre lo que el Sinart genera y lo que necesita para continuar operando.
Fernández calificó la situación como insostenible y comparó el Sinart con una institución que necesita “oxígeno artificial” para sobrevivir. Asimismo, recalcó que el gobierno no puede mantener indefinidamente esta situación con recursos públicos.
La jerarca de la Presidencia atribuyó a los diputados parte de la responsabilidad por la situación económica del Sinart, al señalar que la exposición mediática y los cuestionamientos realizados por los congresistas en la comisión investigadora sobre los contratos afectaron negativamente la imagen de la institución.
En junio del 2024, la comisión investigadora concluyó que el gobierno de Rodrigo Chaves utilizó la agencia de publicidad del Sinart para concentrar allí toda la pauta estatal y politizar este recurso al asignar contratos a los medios de comunicación afines al Gobierno de la República.
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Durante la conferencia de este jueves, Fernando Sandí informó de que solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la interpretación de la Contraloría General de la República (CGR) respecto a la Ley Orgánica del Sinart. Según Sandí, la posición de la CGR ha generado un impacto negativo en los ingresos de la institución, pues limita las contrataciones.
A principios del 2024, el Ministerio de Hacienda propuso otorgar ¢1.100 millones al Sinart por medio de un presupuesto extraordinario, con el objetivo de cubrir el pago de las liquidaciones de aquellos empleados que decidieran finiquitar por mutuo acuerdo sus contratos laborales con la empresa estatal.
Finalmente, en mayo, la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó una asignación de ¢938 millones para eliminar de su planilla a 78 funcionarios, es decir, bajar de 212 a 134 colaboradores, lo que representaba una reducción del 36% de su personal.
