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La diputada independiente Gloria Navas aseguró que denunciará por beligerancia al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a los ministros del gobierno que asistieron a la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz.
La congresista manifestó a La Nación que presentará dicha denuncia tanto en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como en la Fiscalía General de la República.
En su intervención de control político el jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, Navas cuestionó la presencia de los jerarcas en una manifestación con mucho tinte de plaza pública, con carácter electoral, realizada el martes 18 de marzo en los alrededores del Poder Judicial.
La legisladora, abogada penalista de profesión, explicó que el inciso 5 del artículo 102 de la Constitución Política le atribuye al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la responsabilidad de investigar la parcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas.
Esta práctica es la beligerancia política, que también se describe en el artículo 146 del Código Electoral.
Navas puntualizó que la beligerancia significa hostilidad, combatividad, belicosidad y conflicto y aseguró que esa actitud es promovida por la participación de Rodrigo Chaves y muchos miembros de su gabinete en la manifestación política contra la Fiscalía General de la República.
Chaves, por ejemplo, estuvo en la tarima de la manifestación junto a los exministros Francisco Gamboa, Laura Fernández y Mauricio Batalla, quienes renunciaron a finales de enero porque sus aspiraciones electorales los obligaban a dejar el cargo un año antes de las elecciones nacionales, en caso de que busquen aspirar a la Presidencia de la República.
Gamboa, Fernández y Batalla participaron, dentro de la marcha, en publicidad electoral del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que preside la funcionaria de la Casa Presidencial Mayuli Ortega y que aspira a ser la bandera heredera del chavismo.
Incluso, en una valla del PPSO aparece una fotografía de los tres exministros, con Osvaldo Artavia, expresidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), y los diputados oficialistas Daniel Vargas, Pilar Cisneros y Manuel Morales.
Respecto al tono de la manifestación, Gloria Navas considera que está plagado de fines sediciosos y de traición a la patria, por el objetivo de manipular a la población para influir en las urnas electorales. “Ese es un llamado de delincuencia organizada, ofende al sistema constitucional costarricense y las libertades de la ciudadanía”, dijo la independiente.
Además de Chaves, estuvieron en la manifestación contra el fiscal, entre otros, los ministros de Hacienda, Nogui Acosta; Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes; el de Justicia, Gerald Campos; el de Ambiente, Franz Tattenbach y el de Turismo, William Rodríguez.
También presidentes ejecutivos como Álvaro Bermúdez, del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer); Juan Manuel Quesada, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA); Esmeralda Britton, de la Junta de Protección Social (JPS); Alejandro Picado, de la Comisión Nacional de Emergencia, y Sussy Wing Ching, de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
De hecho, Navas también cuestionó que estuviera presente en la movilización el fiscal de cibercrimen, Esteban Aguilar, hermano del jefe de despacho de Rodrigo Chaves, Gabriel Aguilar, quien además tenía una incapacidad y, según la diputada independiente, incompatibilidad para participar en una marcha de ese tipo, por su condición de funcionario del Poder Judicial, lo mismo que Gerald Campos.
“Eso es beligerancia política, es delictivo. Ya no es un show como el de los miércoles (la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno). Esto es más serio, atenta contra la organización constitucional del país, contra las libertades nacionales, la libertad electoral y contra la división de poderes, contra la paz social y el sistema democrático costarricense. No les importa lo que dice el Código Penal, el Código Procesal Penal, ni lo que dice la Constitución Política”, dijo Navas.
