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La Fiscalía Ambiental solicitó una pena de 15 años de cárcel para el empresario Rafael Ángel Zamora Fernández, dueño de las empresas Pedregal, por presuntos daños ambientales en áreas protegidas en Cañas, Guanacaste.
Los hechos habrían ocurrido en los años 2008, 2009 y 2010 en terrenos colindantes con una finca adquirida por Zamora en San Miguel de Cañas.
El Ministerio Público le atribuye al empresario la comisión de tres delitos de estrago y otros tres delitos de usurpación de aguas, así como la apertura de una trocha en bosque e invasión de áreas de protección.
Este caso ya se había juzgado e incluso se emitió una condena en agosto del 2015. Sin embargo, un Tribunal de Apelación ordenó realizar un juicio de reenvío para imponer una pena mayor tras una recalificación de los delitos.
Ahora, el caso se ventila de nuevo en el Tribunal Penal de Cañas.
Inicialmente, a Zamora se le había impuesto una pena de dos años y medio de prisión y una multa de ¢184 millones en favor del Estado por los daños causados. Se libró de esa sanción carcelaria porque se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Ahora, de acogerse la petición de la Fiscalía, el castigo carcelario subiría de 2,5 a 15 años.
Los hechos se tramitan bajo el expediente N.° 08-000090-611-PE. “Las acciones del imputado produjeron pérdidas en las cosechas de caña de empresas de la zona, y generaron una afectación a la hidrología de los ríos Higuerón, Lajas y laguna Madrigal”, sostiene el Ministerio Público.
La solicitud de la nueva sanción fue hecha en el juicio de reenvío celebrado este lunes y martes en el Tribunal Penal de Cañas y se espera que este jueves 3 de julio se dicte una sentencia.
La Nación contactó Gavridge Pérez Porras, quien es el representante legal de Zamora Fernández, para conocer su opinión sobre la petición del Ministerio Público, pero en su despacho dijeron que estaba fuera de San José.
Los hechos
Es específico, la Fiscalía le atribuye a Zamora Fernández haber ordenado realizar atascos en el río Higuerón con el fin de captar aguas de ese cauce, de manera ilegal, para usarlas en el riego de sus fincas.
Esa acción provocó que el río Lajas se convirtiera en una afluente del río Higuerón —contrario al sistema natural de los mismos— lo que aumentó el poder destructivo del río, dañando las cosechas, especialmente de caña.
Se le atribuye haber cambiado el uso del suelo y realizar una trocha en 6.000 metros cuadrados en el área de protección de un río, lo que habría ocasionado la destrucción de más de dos hectáreas del conocido bosque la Ojochada.
