La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una investigación sobre la decisión del Cuerpo de Bomberos de comprar a dedo 40 ambulancias a un consorcio brasileño, excluyendo a empresas locales que ofrecían precios menores.
La causa se abrió de oficio el 2 de noviembre por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública. Se tramita bajo el expediente 26-000440-1218-PE.
Bajo el argumento de que la presidenta Laura Fernández ordenó una adquisición de emergencia, el Cuerpo de Bomberos adjudicó la compra de ¢6.500 millones al consorcio integrado por las empresas SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Bem Star, sin invitar a ninguna otra empresa. La entidad pública excluyó a empresas locales que, en un estudio de mercado, habían ofrecido cobrar hasta $2,3 millones menos.
Este miércoles 4 de noviembre, La Nación reveló que dos financistas de la campaña de la presidenta Fernández están vinculados con la firma brasileña SGSV. Uno figura como representante y director regional de ventas de SGSV para América Central, mientras que el otro como fiscal de la junta directiva de esa misma sociedad. Ambos aparecen en correos relacionados con la contratación.
El primero de ellos, Cristian Rodríguez Villalobos, compró bonos de campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO) con un valor de ¢43 millones y el segundo, Hermmoth Rothe Paniagua, adquirió certificados valorados en ¢9 millones.
El Cuerpo de Bomberos recurrió a un procedimiento especial de contratación que está previsto para casos excepcionales. Con base en ello, hizo un estudio de mercado de solo cinco páginas en el que pidió cotizaciones a únicamente tres empresas y luego solo invitó a una a presentar oferta formal.
A diferencia de las empresas locales, el consorcio brasileño nunca había vendido ambulancias a instituciones en Costa Rica.
Una de las empresas excluidas presentó un recurso de nulidad absoluta contra el proceso al alegar “vicios groseros”, pero Bomberos se lo rechazó alegando que era extemporáneo.
AutoStar señaló que el cartel exigía acreditar la fabricación de al menos 200 ambulancias para cinco clientes durante los dos años anteriores, pero SGSV solo demostró experiencia con dos entidades de Brasil.
