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Cinco expertos de diferentes organizaciones hicieron a los diputados recomendaciones y advertencias sobre el proyecto de ley para autorizar al Poder Ejecutivo la emisión de $13.500 millones en títulos valores en el mercado internacional, más conocidos como eurobonos, para un plazo de nueve años,
Las sugerencias fueron hechas este martes, en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde se recibió en audiencia a Milagro Saborío Rodríguez, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica; Ricardo Monge González, de la Academia de Centroamérica, quien dio sus observaciones a título personal; así como Marco Otoya, Rafael Díaz y Donald Miranda, los tres del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional (UNA).
Entre las principales preocupaciones que plantearon por separado Saborío y Monge, estuvieron el periodo tan amplio de autorización para la colocación de los eurobonos, es decir, los nueve años, así como la tasa de interés para la colocación, que es la de los bonos del tesoro de Estados Unidos más 750 puntos base.
La académica de la UCR también señaló que, a diferencia de los proyectos de ley anteriores, el que se discute actualmente no tiene absolutamente ningúna exigencia de condiciones por cumplir, por lo que recomendó a los diputados considerar ese aspecto, pero que sean condiciones factibles.
El proyecto del gobierno, presentado en diciembre del 2025, pretende la autorización legislativa para colocar $1.500 millones de eurobonos cada año, por los siguientes nueve años, para un total de $13.500 millones.
Eso puede tener ventajas y desventajas, reconoció Milagro Saborío: por una parte, sería una buena señal para los inversionistas internacionales, pero sería un poco excesivo, tomando en cuenta que es imposible conocer las condiciones del mercado financiero dentro de cinco años y no se sabe si para ese momento se podría acceder a deuda en mejores condiciones, y no precisamente a través de eurobonos.
Ricardo Monge coincidió en que sería excesivo autorizar nueve emisiones de $1.500 millones, sin que cada una de las colocaciones dependa de una evaluación actualizada de la situación fiscal, las condiciones financieras y el cumplimiento de las metas de consolidación.
El economista apuntó que los eurobonos deben servir, principalmente, para sustituir deuda más cara, para financiar activos productivos o para aumentar la resiliencia del Estado, pero nunca para postergar el ajuste fiscal necesario.
“Una autorización tan amplia puede debilitar la efectividad de la regla fiscal, al reducir la presión para corregir los desequilibrios fiscales, si el proyecto no blinda esa posibilidad”, advirtió Monge.
El experto apuntó que, tal como está redactado el proyecto, se determina casi que una obligación de colocar los $1.500 millones por año, pero las condiciones pueden cambiar radicalmente.
En ese caso, recomendó cambiar la redacción casi obligatoria por la potencial, pues un año las necesidades pueden implicar la colocación total, el siguiente solo un tercio de lo autorizado y luego, tal vez no necesitarse del todo.
Lo mismo que Saborío, Monge recomendó cambiar el parámetro de la tasa de interés, porque consideró que es un techo extraordinariamente amplio. Entonces, considera que debería sustituirse por un punto de referencia de costo-riesgo, preparado técnicamente por el Ministerio de Hacienda y que, antes de cada emisión, el gobierno tenga que demostrar que el costo es razonable entre la tasa que buscaría en el extranjero y la del mercado interno.
Respecto a la rendición de cuentas, Monge señaló que debe exigirse a Hacienda publicar, después de cada emisión, el costo efectivo total de la emisión de títulos valores en el exterior, el ahorro en valor presente frente a la alternativa doméstica, el impacto sobre la vía media de la deuda, el impacto sobre el riesgo de financiamiento y el impacto sobre la exposición cambiaria.
“También se debe informar de cómo cambia el perfil de amortización de deuda del gobierno, antes y después de la operación, porque eso permitiría a la Asamblea y la Contraloría (General de la República) evaluar si la operación efectivamente mejoró el balance del Estado y si permite tener espacios fiscales”, declaró Monge.
Por su parte, los expertos de la UNA hicieron advertencias sobre la presión que generaría la entrada de los eurobonos colocados en dólares, salvo que se utilice casi exclusivamente para pagar vencimientos de deuda en el extranjero.
Para Marco Otoya, los eurobonos no solucionan el problema del déficit fiscal del país, y si los ingresos no crecen, se mantendrá el problema por la falta de recaudación. Ante ello, su recomendación es dinamizar la economía y reactivar principalmente el régimen definitivo del sector productivo.
