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El diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), denunció este domingo que la Dirección de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda está exigiendo a todas las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones bases de datos masivas con la información personal de los usuarios de esos servicios.
En oficio del 12 de marzo, firmado por Julieta Abarca Robles, subdirectora de Inteligencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, pidió “información masiva y no por consulta individualizada” de los usuarios de los servicios de todas las operadoras de telecomunicaciones del país.
Esa oficina pidió que se le entreguen las bases de datos en 10 días hábiles, plazo que se cumplía el 26 de marzo, y que debía incluir nombre completos de los clientes de las operadoras, número de cédula, pasaporte o Dimex, número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato y la dirección del domicilio georreferenciada.
En el oficio de solicitud de la información, Inteligencia Tributaria citó normativa que autoriza a la Dirección General de Tributación a realizar requerimientos de información.
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Lo citado por esa oficina refiere que tiene la potestad de hacer requerimientos individualizados de información a sujetos respecto de los cuales se realice alguna investigación, a un tercero o informante respecto de un sector económico, a un grupo determinado de sujetos pasivos o de un sujeto pasivo específico, cuando se requiera la información para el cumplimiento de las funciones propias de su competencia.
No obstante, Feinzaig cuestionó que el requerimiento sea masivo y sobre información personal y confidencial de los clientes de las operadoras. El diputado liberal refirió que también se exige la entrega mensual de dicha información.
El congresista del PLP también criticó que Hacienda esté pidiendo datos de forma masiva, “sin que sean personas señaladas por ninguna investigación fiscal”.
“Ningún tercero tiene derecho de acceder a los datos sin su consentimiento, a menos que sea una orden judicial o administrativa”
— Eliécer Feinzaig
“Al contratar un servicio de telecomunicaciones, usted está entregando su información personal a un tercero, el operador, que lo recolecta con fines comerciales y únicamente puede usarla para poder brindarle el servicio contratado.
“El operador no es dueño de los datos, sino solamente un custodio. Ningún tercero tiene derecho de acceder a los datos sin su consentimiento, a menos que sea una orden judicial o administrativa, en caso de que usted esté siendo investigado por una causa válida”, señaló el liberal.
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Además, Feinzaig citó que el Reglamento sobre el régimen de protección al usuario final de 2023 de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) dice, en su artículo 107, que se “se prohíbe a los operadores brindar a terceros información de los usuarios finales relativa al uso de los servicios de telecomunicaciones sin que medie autorización expresa de este, con excepción de una orden judicial o administrativa”.
En el oficio de la Dirección de Inteligencia Tributaria, esta oficina alega que la autodeterminación informativa de los ciudadanos cede cuando se está en presencia de un fin de interés general de que se autorice a suministrar a terceros la información registrada, “siempre y cuando se realice de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa”.
“Acogerse al amparo de la ley 8968 (Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales) para alegar el no suministro de la información requerida, no será de recibo por esta dirección”, advirtió el oficio.
Feinzaig apuntó que es inaceptable solicitar los datos en forma masiva y sin que medien investigaciones particulares justificadas; además, aseguró que la petición viola los derechos ciudadanos tutelados por la Constitución Política, la legislación nacional y los tratados internacionales.
“Ahora el nuevo espionaje a la vida privada de los ciudadanos viene del Ministerio de Hacienda, curiosamente a seis meses del arranque de la campaña electoral. ¿Está Hacienda investigándonos a todos? ¿Con qué fines? Si la información que exigen no parece ayudar a la función tributaria y los operadores tienen prohibido otorgarla, entonces, ¿para qué o para quién la quieren? ¿Por qué Hacienda está promoviendo que operadores incumplan la ley?”, dijo el diputado liberal.
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