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Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) rechazaron este jueves una moción de vía ultrarrápida para tramitar el proyecto de ley 24.717, iniciativa para autorizar la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris, en San Carlos.
Se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo para “autorizar y regular” la minería a cielo abierto, con autorización de subastas públicas para otorgar las concesiones mineras.
El mecanismo de vía ultrarrápida, tal como lo permite el artículo 234 bis del Reglamento legislativo, fue impulsado por el legislador chavista Jorge Antonio Rojas, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), pero no recibió apoyo suficiente.
Una vía expedita de ese tipo necesita obligatoriamente el apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa, pero solamente la apoyaron 22 legisladores, mientras que 18 estuvieron en contra.
Los votos negativos fueron principalmente de Liberación y el Frente Amplio, así como una de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una del PPSD y varias independientes.
Por su parte, los votos afirmativos fueron de los chavistas del PPSD, la mayoría de la Unidad, Nueva República (PNR), el Liberal Progresista (PLP) y algunos independientes.
En su defensa de la vía ultrarrápida, Jorge Antonio Rojas aseguró que se debe autorizar la minería metálica a cielo abierto para que los mineros ilegales dejen de robarse el oro.
“Cutris enfrenta una situación sumamente grave, que ha generado un desastre ecológico con repercusiones sociales y vemos actuando al crimen organizado. Esta vía es una respuesta no solo a Cutris, sino a toda la zona norte”, dijo el chavista.
Rojas alegó que se están robando el patrimonio a cielo abierto.
En su contra se pronunciaron Priscilla Vindas, del FA, y Kattia Cambronero, independiente.
“Esa es una figura peligrosísima, que abre las puertas a la corrupción. Hay que dar una solución a Crucitas, pero no esta. Hay otras maneras, como la minería artesanal”, dijo la frenteamplista.
Cambronero refutó que exista la minería a cielo abierto sostenible y señaló que la aprobación de ese proyecto del Ejecutivo sería una regresión en materia ambiental.
El proyecto tiene un dictamen afirmativo de mayoría, dado en la Comisión de Alajuela el 10 de setiembre pasado, donde consta que una serie de organizaciones consultadas emitieron un criterio negativo.
Entre las instituciones que manifestaron dudas con la propuesta están el Tribunal Ambiental Administrativo, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), la Universidad Nacional (UNA), la Red Sancarleña de Mujeres Rurales (Rescamur), el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (Frenasapp), la Asociación de Desarrollo Integral de Crucitas de Cutris, San Carlos, la Fiscalía Ambiental, el Parlamento Cívico Ambiental, la Contraloría General de la República y el Colegio de Biólogos.
