El texto pretende añadir un inciso al artículo 48 que permitiría solicitar el divorcio cuando exista incumplimiento alimentario por un plazo menor a un año por parte de alguno de los cónyuges, tanto entre ellos como hacia sus hijos menores de edad o con algún tipo de discapacidad.
El proyecto señala que el deber alimentario de los padres hacia sus hijos “es sumamente importante”, al punto de que el Código de Familia establece que “el derecho a los alimentos no podrá renunciarse ni transmitirse de modo alguno. La obligación alimentaria es imprescriptible, personalísima e incompensable”.
Asimismo, la normativa vigente indica que la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra obligación, sin excepción, según lo dispone el artículo 171 del Código de Familia.
Es por ello que, según el texto, cuando la convivencia matrimonial incumple esta normativa, “no existe razón para mantener un vínculo que deje de ser soporte y pase a ser un obstáculo”, con lo cual se busca cerrar un vacío legal en los casos de cónyuges que incumplen la obligación alimentaria.
Causal por incompatibilidad de caracteres
En febrero de este año, La Nación informó de que la Asamblea Legislativa también aprobó en primer debate un proyecto de ley que restituye la incompatibilidad de caracteres como causal de divorcio en Costa Rica.
La iniciativa fue apoyada por 34 legisladores; solo votaron en contra cinco integrantes de la bancada fabricista del Partido Nueva República (PNR).
La reforma, impulsada por Johana Obando, entonces diputada de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), abre la puerta a que las personas puedan solicitar el divorcio si consideran que hay desacuerdos de personalidad, valores, intereses y formas de pensar.
“Devuelve la libertad a las personas de salir de matrimonios en los que ya no quieran continuar por estas diferencias, en respeto del libre albedrío”, señaló Obando en esa ocasión.
¿Qué piensan los ticos del divorcio?
El divorcio existe en Costa Rica desde el año de 1888, con la promulgación del Código Civil, de influencia liberal. Desde entonces, distintas reformas se han hecho a esta figura para adaptarla a los cambios en la sociedad, que también son un reflejo de una percepción más positiva sobre la terminación legal de estas uniones.
No obstante, aún existe un grupo importante de la población que se opone al divorcio, según reveló la más reciente encuesta de Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas, del Instituto de Estudios de Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
El estudio identificó que el 46% de los costarricenses consultados considera que el divorcio es aceptable. Al contrario, 32% dijo que es inaceptable. El restante 22% no precisó una postura.
Las opiniones también varían según el grupo etario y el nivel educativo de la persona, de acuerdo con el informe. Cuanta menor edad y mayor escolaridad, mayor porcentaje lo considera siempre aceptable; a medida que se incrementa la edad y se reduce la escolaridad, el porcentaje de quienes lo consideran “nunca aceptable” es mayor.
