El Directorio de la Asamblea Legislativa tuvo que echar atrás un plan que les habría permitido realizar cerca de 190 nombramientos a dedo y que pretendía realizar antes de que termine este periodo legislativo, estirando el transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público, pese a que la norma ya caducó.
El Directorio del Congreso está compuesto por seis diputados, Rodrigo Arias como presidente, Carlos Felipe García como primer secretario y Gloria Navas como segunda secretaria, además de Vanessa Castro como vicepresidenta, Geison Valverde como primer prosecretario y Luz Mary Alpízar, en la segunda prosecretaría.
La decisión de frenar el proceso fue tomada por el órgano colegiado la semana pasada, luego de múltiples advertencias hechas por la Dirección de Asesoría Legal y por la Auditoría Interna del Congreso, así como de la oposición expresa de la Dirección de Recursos Humanos.
De hecho, el director de Recursos Humanos, Juan José Chotto, plasmó en el oficio AL-DRHU-OFI-1653-2025 que se veía obligado a cumplir la instrucción del Directorio de ejecutar los nombramientos, pero bajo protesta, porque había objeciones jurídicas con respecto a la legalidad del plan para hacer los nombramientos.
La administración de la Asamblea Legislativa le propuso al Directorio aplicar el transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público, en una tercera y cuarta etapas, a pesar de que ya esa norma caducó.
Se trata de un artículo que permitía a todos los órganos y entes públicos bajo esa ley elaborar un plan para realizar nombramientos en propiedad en las plazas interinas vacantes.
El presunto objetivo era el de brindar bienestar a la población de funcionarios y garantizar la estabilidad de la institución.
Dicho proceso permitía aplicar el concurso de valoración de méritos, es decir, considerar de forma prioritaria a los servidores públicos que tuvieran al menos dos años como interinos, para obtener nombramiento en propiedad.
Ya la Asamblea había aplicado ese proceso en dos etapas, pero este año pretendió aplicarlo, de forma extemporánea, primero en una tercera etapa, para personas que, al 30 de noviembre de 2025, tuvieran al menos dos años como interinos y, luego, para personas que al 16 de febrero de 2026 cumplieran dos años en interinazgo.
La instrucción para seguir adelante con el proceso la acordó el Directorio en la sesión 157, del 5 de noviembre, integrado por Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Geison Valverde del Partido Liberación Nacional (PLN) y la independiente Gloria Navas.
En el acta de esa sesión consta que se tomó la decisión, pero apartándose de las advertencias reiteradas de la Asesoría Legal, que constan en los oficios AL-DALE-PRO-0140-2025, AL-DALE-PRO-0140b-2025 y AL-DALE-PRO-0153-2025.
De hecho, la Asesoría Legal venía haciendo advertencias contra la propuesta desde setiembre y principios de octubre.
Auditoría advirtió fraude de ley y abuso de autoridad
Pocos días antes de que el Directorio legislativo echara atrás en el proceso de los nombramientos, la Auditoría Interna del Congreso hizo una fuerte advertencia al órgano colegiado, pues indicó que aplicar ese transitorio carecía de fundamento legal y contravenía los mencionados criterios de la Asesoría Legal.
“Esta Auditoría Interna advierte que aplicar un procedimiento fundamentado en una norma transitoria cuya vigencia ha caducado podría configurar vicios graves en el motivo y el fin del acto administrativo”, señaló Manuel Adolfo Cortés, en su informe AL-AUIN-OFI-0010-2025.
Específicamente, Cortés alegó que podría materializarse el fraude de ley al aplicar esa norma ya caduca, así como el riesgo de desviación de poder, al ejercer el Directorio potestades de dirección para fines distintos a los autorizados en el ordenamiento jurídico.
“La emisión de acuerdos contrarios a la ley y a la técnica, desoyendo advertencias formales de las instancias competentes, podría acarrear responsabilidades administrativas y civiles para los miembros del órgano colegiado, sin descartar la eventual configuración del delito de abuso de autoridad, dado el conocimiento previo de la improcedencia legal de lo ordenado por la ley y advertido por las instancias técnicas consultas", señaló la Auditoría.