EscucharDos directivos y cuatro exdirectivos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) afrontan una sanción, que podría acarrearles suspensiones de cargos públicos, por aprobar una contratación recomendada por el presidente Rodrigo Chaves.
La Contraloría General de la República les dictó una sanción en primera instancia, que aún puede ser apelada por los señalados, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de contrato de servicios publicitarios por ¢2.313 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Los investigados son Gerardo Morera Rojas y Krissia Coto Morales, actuales integrantes de la Junta Directiva del AyA, así como de Beverly Hernández Castro, Alejandra Mora Rojas, María Jiménez Morales y Alejandro Guillén Guardia, exmiembros de la misma junta, siendo este último también expresidente ejecutivo de la institución.
La Contraloría abrió el proceso porque, al parecer, se usó de forma ilegítima de la excepción de la contratación entes de derecho público para otorgar el contrato al Sinart.
La Contraloría también investiga a Allan Trigueros Vega y Fernando Sandí Chacón, expresidentes del Sinart.
En abril de 2023, La Nación informó de que el AyA otorgó el contrato de ¢2.313 millones al Sinart de forma directa y sin concurso, utilizando un estudio de mercado de una página y un párrafo, en vez de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
Así lo hizo pese a que la Ley General de Contratación Pública, que entró a regir el 1.° de diciembre de 2022, estableció reglas claras para permitir los contratos directos entre instituciones estatales, en busca de una sana competencia.
La norma exige demostrar técnicamente por qué se escogió a un proveedor estatal por encima de otros oferentes, así como realizar un sondeo o estudio de mercado y consultar agentes públicos y privados en “los mismos términos y plazos”.
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No obstante, ninguna de esas consultas figuraba en el expediente de esta contratación del AyA en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). De hecho, en abril de 2023, la institución había confirmado a este medio que solo enviaron correos a tres agencias de publicidad para sondear el servicio de colocación de pauta publicitaria, así como a dos proveedores privados de producción audiovisual.
El estudio de una página lo realizó Nora Valerio Ramírez, exfuncionaria de la Dirección de Comunicación del AyA, quien relató a este diario haber sufrido hostigamiento laboral en el marco de la contratación. Según Valerio, le dieron un plazo de ocho días hábiles para elaborarlo e incluso le sugirieron a cuáles proveedores privados consultar.
Finalmente, en enero de 2024, el AyA decidió rescindir el contrato con el Sinart debido a los incumplimientos de la empresa estatal con argumentos que la entidad consideró incongruentes. Según concluyó la Junta Directiva, el Instituto no logró colocar mensajes de interés entre la población.
Chaves recomendó la millonaria contratación
El presidente Rodrigo Chaves, recomendó personalmente al AyA la contratación millonaria al Sinart para que se encargara del manejo de su publicidad, sin concurso público.
Así consta en el acta ordinaria 004-2023, del 7 de febrero del 2023, en la que la directora de Comunicación de esa institución, Angie Ortega, manifestó que la contratación por ¢2.313 millones se produjo a partir de una recomendación de la Presidencia de la República.
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La recomendación se la habría dado Chaves a Roberto Guzmán, presidente ejecutivo del AyA hasta el 1.º de febrero de 2023, fecha en que presentó su renuncia. En lugar de Guzmán, asumió el cargo Alejandro Guillén, quien también renunció en enero de 2024.
Periodo de apelación
De acuerdo a la División Jurídica del órgano contralor, la resolución final del caso se encuentra en período de vía recursiva hasta el 20 de mayo, por lo que las personas señaladas pueden presentar recursos de apelación. Es decir, la sanción aún no está en firme.
Asimismo, aunque seis de los ocho investigados ya no ocupan un cargo público, la sanción quedaría registrada en su expediente.
La Nación contactó al expresidente del AyA, Alejandro Guillén, quien comentó saber del proceso, pero no quiso referirse al mismo debido a que ya no trabaja para la institución.
Asimismo, se intentó contactar a los directivos Gerardo Morera y Krissia Coto a través del número de prensa del AyA, pero no respondieron las llamadas. Ante ello, se consultó por correo electrónico a la oficina de prensa sobre la posición de ambos y si presentaron alguna apelación a la resolución. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
Apelaciones
Los dos expresidentes del Sinart investigados presentaron recursos de apelación ante la Contraloría. Así lo confirmaron a este diario.
Fernando Sandí fundamentó su apelación debido a que “la excepción incluida en el artículo 3 inciso b) de la Ley General de Contratación Pública está vigente, es legal y aplicable así como lo es también la Ley 8346 que le otorga las competencias al Sinart”.
Comentó que la vigencia de dichas normas da autorización legal para realizar la contratación bajo excepción. Además, mencionó que, aunque el órgano decisor no esté de acuerdo en que una empresa pública brinde servicios de agencia de publicidad a otras instituciones públicas, “mientras la autorización legal se encuentre vigente, el servicio se encuentra legalmente permitido y no podría calificarse como un contrato irregular”.
Por su parte, Roberto Matamoros, abogado de Allan Trigueros, indicó no coincidir con las interpretaciones a la norma y los tiempos en la contratación, ya que en el inicio del acto de la licitación, “aplicaría una norma que posteriormente fue derogada y entró en vigencia otra normativa”.
Los alegatos presentados por Trigueros en la apelación se basan en que la contratación se dio en un periodo en el que aún aplicaban las normas internas del Sinart y no las de la Ley de Contratación Administrativa, la cual empezó a regir el 1.° de diciembre de 2022.
Matamoros confirmó que la sanción impuesta a Trigueros sería la suspensión del cargo. Sin embargo, al no ser funcionario activo, esta quedaría registrada en el expediente. “Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que lo absuelvan de toda responsabilidad y el asunto quede archivado definitivamente”, indicó.
