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Los diputados rechazaron este jueves, en el plenario legislativo, las objeciones de constitucionalidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, al proyecto de ley sobre jubilación anticipada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tomaron la decisión de enviar el expediente a consulta de la Sala Constitucional, para que determine si hay vicios o no.
Así lo decidió la Asamblea Legislativa por una mayoría de 34 congresistas, decisión a la que se opusieron siete diputados chavistas de la fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), junto con dos aliados independientes.
En una discusión que se extendió por dos horas, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, dictó una resolución en la que determinó que se discutirían los informes relacionados dos vetos presidenciales: el del plan sobre jubilación anticipada en el OIJ y el relacionado con el proyecto para obligar al Poder Ejecutivo a reglamentar las leyes.
Después de rechazar una apelación que presentó Pilar Cisneros contra esa resolución, la mayoría de los diputados votaron a favor de los informes respectivos.
El 6 de mayo de 2025, Rodrigo Chaves emitió un veto total al proyecto de jubilación anticipada para agentes judiciales, por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.
En el informe de la comisión dictaminadora que analizó el veto, se recomendó por mayoría rechazar los argumentos de Chaves sobre presunta inconstitucionalidad de la iniciativa.
El presidente alegó que permitir a los agentes judiciales pensionarse a los 55 años implica una supuesta violación al principio de igualdad ante la ley, además de presuntas lesiones a los principios de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad y una presunta violación al principio de sostenibilidad financiera.
El presidente alegó que hay una discriminación legal al establecer requisitos de jubilación y cálculo de beneficios más favorables para un grupo específico de funcionarios del Poder Judicial respecto al resto de los servidores de esa institución.
El veto presidencial también alegó que las condiciones preferentes no tienen una fundamentación técnica objetiva para justificar la diferenciación.
Durante la discusión en el plenario, este jueves, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, alegó que permitir la jubilación anticipada desfinanciaría el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, y adujo que, si de autorizar la pensión a agentes policiales se trata, también se les podría aplicar a muchos otros miembros de cuerpos policiales.
En contra de lo dicho por Cisneros, las liberacionistas Kattia Rivera y Alejandra Larios enfatizaron que ya la iniciativa legal cuenta con un estudio actuarial adjunto que asegura la sostenibilidad del proyecto.
Aprobado el informe de la comisión, la Asamblea decidió enviar el veto a estudio de la Sala Constitucional para determinar si efectivamente hay roces con la Carta Magna.
Cuando los magistrados realicen su estudio, el proyecto regresará al Congreso para que los congresistas tomen una decisión; sin embargo, eso no sucederá antes de que terminen su periodo los actuales congresistas.
Entonces, la decisión sobre la jubilación anticipada de los agentes judiciales quedará en manos de los nuevos diputados, en una Asamblea que tendrá una amplia mayoría de legisladores chavistas.
De igual forma, los diputados aprobaron enviar el proyecto de ley sobre reglamentación de leyes a estudio de la Sala Constitucional, luego de rechazar los argumentos de Chaves sobre supuestos vicios de inconstitucionalidad.
Esa decisión también se tomó pese al voto negativo de los diputados chavistas.
