Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa votaron en contra del informe sobre el Caso Diamante que recomendaba sancionar a la constructora MECO, al exalcalde de San José, Johnny Araya, y al alcalde de Cartago, Mario Redondo, así como a otros cuatro exjerarcas municipales.
El informe que recibió la negativa fue presentado por Sofía Guillén, legisladora del Partido Frente Amplio (FA), la independiente Kattia Cambronero, así como Paola Nájera y Manuel Morales, ambos de la fracción oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Al momento de la votación el documento recibió los votos negativos de Dinorah Barquero, Francisco Nicolás y Katherine Moreira Brown, del Partido Liberación Nacional (PLN); Yonder Salas, de Nueva República, y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien inicialmente lo había firmado, pero luego se separó de él, presentando uno propio respaldado por el PLN y que será conocido en la próxima sesión.
Únicamente votaron a favor Nájera, Morales y Guillén, mientras que Cambronero estuvo ausente.
Durante la sesión de este jueves, Guillén expresó su disconformidad con la postura adoptada por algunos de sus compañeros de la comisión, especialmente aquellos que, tras haber inicialmente respaldado el informe sobre el caso, decidieron elaborar uno nuevo.
Según la frenteamplista, esta decisión tenía como objetivo suavizar las acusaciones y señalamientos contra los políticos involucrados en el caso. Además, sugirió que la postura de sus colegas buscaba proteger a los implicados.
“Me niego a suavizar y, por lo tanto, comprendo que ustedes están en su derecho de votar como dicen, comprendo que si desean pueden presentar informes de última hora y ponerse de acuerdo, entiendo, es su derecho, lo respeto. También espero que reconozcan que sus informes lo que han hecho ha sido copiar gran parte de mi informe y suavizar pedazos que no les han gustado”, aseveró la congresista.
Nájera también se pronunció ante la negativa de sus compañeros de apoyar el informe y al igual que Guillén, los acusó de suavizar los señalamientos en el nuevo.
“Tal como pueden ver en el informe, los invito a leerlo con detalle para que se den cuenta de que la situación es aún peor de lo que todos podríamos imaginar, y el daño que ha causado es realmente profundo. Creo que debemos dejar de ser cómplices a la hora de decidir quiénes elegimos en los procesos populares”, afirmó la oficialista.
La investigación reveló una aparente red de corrupción que vinculaba a funcionarios públicos y contratistas, con la empresa MECO concentrando fondos públicos de manera casi monopólica.
El informe en cuestión recomendaba sanciones para MECO, Araya, y Redondo, además de otros exjerarcas municipales involucrados en el caso citado. Además, instaba a la Contraloría General de la República (CGR) a investigar posibles irregularidades en los procesos de contratación y en la relación con las empresas MECO y Explotec.
En sus conclusiones, el texto pedía sanciones como destituciones e inhabilitaciones para los involucrados, e instaba a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) a evaluar la conducta de los funcionarios implicados. Asimismo, solicitaba que el Ministerio Público redoblara esfuerzos para presentar acusaciones formales.
El Caso Diamante comenzó luego de que agentes especiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaran una serie de detenciones en noviembre del 2021, las cuales pusieron en evidencia una compleja red de corrupción en obras públicas municipales y empresas constructoras.

