Los diputados aprobaron este lunes, en el plenario de la Asamblea Legislativa, una moción de fondo en el proyecto de ley para la construcción de la marina de Limón cuyo objetivo es clarificar de quién es la responsabilidad de autorizar la concesión de esa marina.
Se trata de una moción negociada entre las cinco fracciones legislativas, para integrar las observaciones hechas por varias instituciones, entre ellas, la Contraloría General de la República (CGR).
Los cambios se hicieron sobre la moción de texto sustitutivo que impulsó el Frente Amplio (FA), a mediados de mayo, para darle la flexibilidad a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), pero cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia y vigilancia.
Uno de los nuevos elementos tiene que ver con la clarificación, que no estaba en el texto original, de darle a Japdeva la competencia de otorgar la concesión para la construcción de marinas en terrenos de su propiedad a un tercero.
El jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, explicó que hoy la construcción y operación de marinas está regulada por la ley 7744, Ley de Marinas y Atracaderos Turísticos, pero en esa norma dice que son las municipalidades las que otorgan dicha concesión.
Nogui Acosta, jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfatizó que, sin esa clarificación sobre la potestad de Japdeva para dar la concesión, el proyecto sería nugatorio, es decir, perdería todo su sentido.
El vocero del oficialismo agregó que la reforma también le da la capacidad a la Junta Administradora para construir la marina de Limón o la terminal de cruceros a través de alianzas público privadas.
Villalta aseguró que el nuevo texto sustitutivo, mejora todavía más la redacción para dar viabilidad a obras tan importantes para el desarrollo limonense, así como la reglamentación de la ley y la obligación de reguardar los bienes que son patrimonio natural del Estado.
Después de la nueva versión del proyecto de ley, aprobada este lunes de forma unánime por los 55 legisladores, con los cambios pactados, el proyecto se envió a consultas de las instituciones implicadas en la eventual construcción de las obras.
Fiscalización de la Contraloría
La nueva versión del proyecto incluye la potestad de fiscalización de la Contraloría sobre las alianzas estratégicas hechas por Japdeva, de forma posterior, así como el refrendo contralor cuando lo defina la CGR.
“En el reglamento correspondiente, se incluirán los procedimientos que deberán seguirse para la selección de los aliados estratégicos”, dice el nuevo texto base del proyecto.
Aunque se mantiene que el plazo máximo de cualquier alianza estratégica sea de 50 años, en cada caso de alianza debe justificarse, mediante estudios técnicos y económicos, el porqué del plazo, en función de la magnitud de la obra y su modelo financiero.
El diputado limonense, Mangell McLean, del Partido Liberación Nacional (PLN), celebró el avance por el consenso en el proyecto de ley, pero enfatizó que el Estado tiene una deuda histórica con Limón.
“Celebramos estos pasos, pero falta mucho que hacer. Vamos a insistir en que el gobierno invierta en la ruta 32, en educación, en atracción de empleo, para que en el Caribe se pueda vivir en condiciones similares a la Gran Área Metropolitana”, dijo el verdiblanco.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), destacaron la negociación que permitió lograr un texto satisfactorio para todas las partes, respetando el ordenamiento jurídico.
“Conversando con respeto se entiende la gente”, puntualizó la socialcristiana.
