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Los diputados eligieron este martes a la jurista Marianela Corrales Pampillo como magistrada suplente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal en materia penal del país.
La designación se produjo en el marco de un expediente abierto para nombrar tres suplentes. La Comisión de Nombramientos había recomendado a Marianela Corrales, Aisen Herrera López y María Isabel Solís Zamora.
No obstante, ni Herrera ni Solís lograron los 38 votos necesarios en la primera ronda de votación, en el plenario. El primero solo tuvo 27 votos y Solís, 33, por lo que de inmediato se pasó a las siguientes rondas de votación.
En el caso de Corrales, ella reunió el apoyo unánime de los 47 congresistas presentes en el salón. Su juramentación fue establecida para el lunes 7 de octubre.
En la primera ronda, también se registraron 21 votos para Manuel Mena Artavia, seis para Yendry Portuguez y siete para María Gabriela Rodríguez.
Aunque los diputados hicieron dos rondas de votación adicionales, para intentar el nombramiento de las dos plazas restantes, ninguno de los cinco nombres restantes logró los votos necesarios.
Luego de una reunión entre los jefes de fracción, se acordó discutir el jueves la posibilidad de fijar una nueva fecha para continuar con la escogencia de las magistraturas suplentes.
La diputada independiente Gloria Navas destacó la experiencia de la magistrada electa, sobre todo en justicia de menores. Enfatizó que se requiere de personas con experiencia profunda en esos asuntos para la Sala III. “Ella es una persona adecuada, inteligente, preparada y con vasto conocimiento de esta materia”, indicó.
Navas añadió que los otros dos recomendados por el foro de nombramientos tienen amplia experiencia, tanto Solís como Herrera. De este último, destacó que ha sido juez penal de primera instancia en el Primer Circuito Judicial de San José.
Corrales Pampillo, de 50 años, tiene especialidades en Derecho Penal Juvenil, Derecho Penal, Derechos Humanos y mercado de valores, además de que ha ejercido como docente en varias universidades públicas y privadas.
Actualmente, funge como jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José; además, ha sido jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y jueza de Pensiones Alimentarias de Desamparados, entre otros cargos.
Tal como lo establece el artículo 56 de la Ley orgánica del Poder Judicial, la Sala de Casación Penal tiene competencia para conocer los últimos recursos en materia penal de adultos y penal juvenil, las causas penales contra los miembros de los supremos poderes de la República y otros funcionarios de similar rango, además de los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación de sentencia penal.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), recordó que, en la Comisión de Nombramientos, hubo una discusión entre fracciones políticas sobre cómo se aborda la materia penal en Costa Rica, porque siempre “hay una tendencia en países que viven crisis de seguridad, como la que atraviesa este país, de pensar que una solución, de corto plazo y de cabezas calientes, pasa por debilitar, saltarse o achicar elementos fundamentales de cualquier democracia”.
El legislador recordó que fue de especial interés revisar las posturas de los aspirantes a las magistraturas suplentes, pues “muchas veces se pretende poner en términos ultrapunitivistas y antigarantistas, que a fin de cuentas son antiderechos y politiqueros, que seguramente traen réditos políticos a corto plazo, pero llevan un país al abuso del poder por quienes lo detentan”.
Acuña agregó que los candidatos recomendados por la comisión son personas que defienden posiciones equilibradas y que comprenden a cabalidad que no basta con quedarle bien a quienes gritan mucho.
“Esas voces pretenden que, si se quiere un país más seguro, hay que eliminar garantías y al carajo las libertades, al carajo los derechos fundamentales y al carajo el principio de inocencia. Dichosamente, las candidaturas que recomendamos mostraron una clarísima comprensión de que no se puede perder la perspectiva de los derechos fundamentales”, añadió Acuña.
En el debate reglado de fondo, solamente el Frente Amplio justificó los votos aportados, mientras que las demás fracciones no utilizaron la palabra.
