EscucharLa Comisión de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que ordena la creación de un registro de personas mayores de edad sentenciadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. El listado estará a cargo del Poder Judicial y podrá ser consultado por instituciones públicas y privadas.
El texto aprobado por los diputados, el 31 de octubre, ordena que la base de datos contenga, al menos, el nombre de la persona sentenciada, su respectiva fotografía, la información sobre su residencia y lugar de trabajo, número telefónico y correo electrónico, marcadores genéticos, así como marcas de identificación, tales como tatuajes y cicatrices.
El sistema se llamaría Registro Público de los Sentenciados por Delitos Sexuales, Trata de Personas y Turismo Sexual. No obstante, el proyecto contempla que solo ciertas instituciones puedan consultar su contenido y establece que la información resguardada en el sistema se tendrá que regir por el principio de confidencialidad.
En este sentido, pueden tener acceso a la información, “mediante solicitud escrita”, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI); el Sistema de Emergencias del 911; las municipalidades; el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y todos los cuerpos policiales del país.
Igualmente, posibilita a las instituciones públicas y privadas de educación y salud a obtener los datos, previa solicitud ante el Registro Judicial, “cuando tengan la necesidad de contratar personal permanente o transitorio y requieran analizar los antecedentes conductuales de personas que deban desarrollar actividades vinculadas con menores de edad y personas mayores de edad en condición de vulnerabilidad”.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 23.886, fija un plazo máximo de 24 horas para el trámite de las solicitudes de acceso a la información. Gloria Navas, diputada independiente, es la promotora del proyecto.
Sanciones por uso indebido
El proyecto también contempla sanciones por el uso indebido de la base de datos. De esta forma, podrán enfrentar de seis meses y hasta un año de cárcel los funcionarios públicos o privados que hagan mal uso de la información, la divulguen o utilicen para sacar provecho propio. Asimismo, se les obliga al resarcimiento económico que el juez señale por gastos procesales y por el daño causado.
Si bien el registro es de aplicación nacional, la iniciativa permite al registro sumar información proveniente de la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual, de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), o de aquellos sistemas similares que operen en otros países, con el objetivo de tener alertas sobre movimientos en territorio costarricense de personas extranjeras que hayan sido condenadas por los delitos definidos en la propuesta de ley.
Como fuente de financiamiento, el documento propone destinar al registro judicial un 0,50%, del impuesto del 8% a las bebidas alcohólicas extranjeras que se consumen en el país.
Actualmente, el inciso b), del artículo 9, de la ley de creación del Timbre Agrario e Impuesto Consumo Cigarrillos y Bebidas destina el 100% de lo recaudado por el tributo sobre las bebidas provenientes del extranjero, al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), “para el cumplimiento de los fines de su ley constitutiva”.
Por esta razón, Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), presentó una moción para consultar al Inder y al Ministerio de Hacienda sobre el impacto que tendría la reducción del porcentaje que recibe el Inder. La propuesta fue apoyada por el resto de los integrantes del foro.
La iniciativa da al Poder Ejecutivo un año, como máximo, para la creación e implementación del Registro Público de los Sentenciados por Delitos Sexuales, Trata de Personas y Turismo Sexual.
Desaparece plazo de 50 años
Si bien la versión original del expediente planteaba como deber de la persona condenada declarar anualmente, por un periodo de 50 años, su información de contacto, domicilio, lugar de trabajo, de estudio y movimientos para salir del país, este requerimiento se eliminó del texto aprobado por la comisión. No se fijó en su lugar un nuevo plazo.
La Corte Plena, en un criterio emitido el 7 de noviembre del 2023 sobre el proyecto, cuestionó la razonabilidad y legalidad de un plazo tan amplio.
La magistrada Sandra Zúñiga Morales, de la Sala III, expresó que la disposición “se podría interpretar como otro tipo de sanción casi que de por vida, que estigmatiza a las personas sentenciadas por ese delito, por cuanto las instituciones públicas y el sector privado podrán tener acceso a esta información, generando desde mi punto de vista desigualdades relacionadas con otros sentenciados”.
El plazo también chocaba con los parámetros establecidos en la normativa, respecto a la cancelación de los antecedentes penales. “Es decir, tendríamos cancelados los antecedentes penales, pero todavía estas personas tendrían que estar reportando lo que les exige la ley bajo sanción o amenaza de ser condenados por otro delito”, agregó la alta jueza.
Asimismo, Zúñiga llamó la atención sobre el hecho de que en otros países se han implementado registros similares, con la diferencia de que el acceso siempre se ve limitado a las autoridades competentes, ya sean policiales o de otro tipo, dejando al margen al sector privado.
La Corte determinó que debido a los recursos que demanda la creación y puesta en operación de un registro como el descrito en el proyecto de ley, la iniciativa incide en la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, por lo que serán necesarios 38 votos para su aprobación en el Congreso.
