EscucharLos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) no votarán ningún proyecto del Poder Ejecutivo hasta que el Ministerio de Hacienda gire los recursos presupuestados este año para la creación de 328 plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Según un comunicado emitido este martes por la fracción verdiblanca, la decisión tomada por Hacienda de no transferir los fondos “representa un grave retroceso en la lucha contra la violencia y la criminalidad que afectan a nuestro país”.
“La Fracción del Partido Liberación Nacional denuncia con profunda preocupación la decisión del Ministerio de Hacienda de no ejecutar los recursos aprobados en el Presupuesto Ordinario 2025, destinados a fortalecer la seguridad y combatir el crimen organizado”, señala.
El año pasado, los diputados aprobaron redirigir ¢10.808 millones del plan de gastos para la creación de un total de 548 plazas en el OIJ, la Fuerza Pública y la Fiscalía con el objetivo de reforzar la atención de la inseguridad.
Los recursos se tomaron de una reducción de ¢61.635 millones realizada en la partida para el pago de intereses de la deuda pública. La intención del cambio era reasignar el dinero a otros 23 sectores, entre ellos el de seguridad.
No obstante, José Luis Araya Alpízar, director general Presupuesto Nacional, envió en diciembre un oficio al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, para informarle de que el gobierno no prevé obtener nuevos ingresos para cubrir lo que calificó como “imprevistos derivados de desajustes en el Presupuesto”.
Ante esta situación, el PLN comunicó que no apoyará ninguna iniciativa legislativa promovida por el Ejecutivo mientras no se revierta esta decisión, y lanzó un llamado al gobierno para que rectifique su decisión.
“La seguridad de Costa Rica no puede esperar. La lucha contra el crimen organizado requiere de un compromiso firme y acciones concretas, no de indiferencia ni retrasos”, detalla el comunicado de la bancada verdiblanca.
Al respecto, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aseguró a La Nación que nunca se afirmó que los recursos no serían girados, sino que no es posible autorizar su desembolso sin tener claridad sobre el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
“Todos los recursos que los diputados, mediante moción, tomaron de intereses y distribuyeron entre los diferentes ministerios, incluyendo el Poder Judicial, están congelados. Este no es un tema de seguridad, es un tema de oportunidad y de un riesgo que queremos cubrir”, indicó.
Acosta señaló que los recursos no pueden liberarse porque se trata de partidas no distribuidas. Además, argumentó que el Poder Judicial compareció ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios y aprobó el presupuesto asignado.
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Paulina Ramírez: ‘Históricamente ha habido un sobrante en esas partidas’
Paulina Ramírez, diputada del PLN y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, explicó a La Nación que la partida presupuestaria de intereses de la deuda pública ha presentado sobrantes históricamente.
Por esta razón, según manifestó, fue que se decidió redirigir recursos de dicha fuente para financiar la apertura de nuevas plazas en algunas instituciones, sin comprometer la operación del país ni el manejo de la deuda.
“No va a desbalancear en nada el presupuesto. Ya quedó demostrado el año pasado que en el servicio a la deuda quedaron más de ¢400.000 millones que no se ejecutaron, porque se sobrestiman los datos que están en lo correspondiente a deuda e intereses”, detalló.
Ramírez afirmó que el presupuesto enviado por el Gobierno para su aprobación “no se incrementó en un solo colón”, sino que solo se realizó esa modificación. Además, señaló que no es cierto que los recursos no estuvieran contemplados, ya que estos formaban parte de los ¢12,4 billones que constituyen el Presupuesto Nacional del 2025.
