La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una investigación sobre las denuncias del periodista Camilo Rodríguez, asesinado el lunes en la ruta 32.
La investigación se centrará especialmente en una denuncia que menciona al fiscal general de la República, Carlo Díaz, y en el trámite que la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dieron a los señalamientos del comunicador.
La decisión recibió el respaldo de diputados de oposición, aunque varios cuestionaron que la investigación se concentre únicamente en las autoridades judiciales.
La iniciativa fue impulsada por la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO). El objetivo es determinar si las autoridades judiciales atendieron adecuadamente las denuncias y amenazas que el comunicador presentó antes de su asesinato.
Rodríguez fue asesinado la tarde del lunes 16 de noviembre en la ruta 32. Antes de su muerte, el periodista denunció amenazas contra su integridad física y señaló presuntos vínculos entre organizaciones criminales y personas de distintos sectores.
La moción aprobada busca esclarecer si la Fiscalía General y el OIJ recibieron, tramitaron y dieron seguimiento a todas las denuncias del periodista. También pretende determinar si las instituciones aplicaron los protocolos correspondientes ante las amenazas.
Para ello, los diputados acordaron llamar a comparecer al fiscal general de la República, Carlo Díaz; a Mauricio Boraschi, fiscal adjunto, y a Michael Soto, director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La investigación también examinará las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales para establecer si existieron eventuales omisiones, irregularidades o incumplimientos de deberes institucionales.
Oposición cuestiona que investigación se limite al Poder Judicial
Aunque la propuesta recibió respaldo de diputados de oposición, durante la discusión surgieron cuestionamientos sobre el alcance de la investigación y el riesgo de utilizar políticamente el asesinato del periodista.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, manifestó que inicialmente votó a favor de la moción, pero luego reconsideró su posición al estimar que era prematuro abrir una investigación legislativa sobre un caso de tanta gravedad.
La legisladora expresó preocupación por la posibilidad de que el proceso adquiriera un enfoque político. Por esa razón, solicitó revisar la votación y propuso convocar a los jerarcas judiciales a una audiencia posteriormente, sin abrir por ahora un expediente de investigación.
Sin embargo, la solicitud de revisión fue rechazada con ocho votos en contra y uno a favor. De esta manera, se mantuvo la aprobación de la investigación.
Durante el debate, otros diputados de oposición solicitaron ampliar el objeto de la investigación para incluir las denuncias que Rodríguez realizó contra personas vinculadas con el Gobierno.
El diputado Salvador Padilla, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó que la investigación se concentrara en el fiscal general y el OIJ, sin examinar otros señalamientos que Camilo Rodríguez formuló públicamente contra figuras vinculadas con el Gobierno.
Por su parte, la diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), planteó la necesidad de investigar también las actuaciones del Ministerio de Seguridad Pública.
La diputada también cuestionó que se tomaran en cuenta las declaraciones de Rodríguez relacionadas con el Poder Judicial, mientras quedaban fuera de la investigación sus señalamientos sobre presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras del Gobierno.
Diputados advierten sobre uso político del asesinato
El diputado Eder Hernández, del PLN, explicó que respaldó la moción por razones de transparencia, pero expresó preocupación por el uso político del asesinato de Camilo Rodríguez y los enfrentamientos entre las distintas fracciones legislativas.
El legislador consideró necesario que las distintas fracciones dejaran de lado sus diferencias y trabajaran en una estrategia conjunta para enfrentar el avance del crimen organizado.
Además, recordó que la crisis de seguridad requiere respuestas institucionales y acuerdos entre los distintos sectores políticos.
Durante su intervención, también mencionó una moción relacionada con la investigación de los 116 agentes del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) vinculados con presuntos casos de narcotráfico.
Oficialismo defiende investigación sobre Fiscalía y OIJ
Desde el oficialismo se defendió la necesidad de examinar las actuaciones del Ministerio Público, especialmente por los señalamientos que Rodríguez formuló contra el fiscal general.
Durante la discusión, la diputada Kattia Calvo argumentó que el Ministerio Público es la institución encargada de investigar las denuncias penales, incluso aquellas que involucran a funcionarios públicos.
Por esa razón, se consideró necesario que la Asamblea Legislativa diera seguimiento a las actuaciones de las autoridades judiciales ante las amenazas denunciadas por Rodríguez.
La investigación legislativa permitirá solicitar explicaciones a los jerarcas de la Fiscalía y del OIJ sobre las diligencias realizadas, la valoración del riesgo y las medidas adoptadas ante las amenazas.
La moción no establece fechas para las comparecencias.