EscucharLos diputados de la Comisión Especial del Sector Energético de la Asamblea Legislativa dictaminaron, el pasado 3 de octubre, de manera afirmativa, un proyecto de ley que amplía las competencias de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Este cambio legal permitiría a la empresa pública incursionar en la producción de combustibles a partir de fuentes distintas al petróleo.
De forma unánime, los integrantes del foro avalaron una modificación al artículo 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, para autorizar que Recope investigue, adquiera, exporte, industrialice, almacene, transporte y comercialice a granel, hidrocarburos, derivados de hidrocarburos y subproductos, producidos a partir de otras fuentes distintas del petróleo para uso energético.
Las energías producidas por fuentes distintas al petróleo que se citan en la exposición de motivos del expediente 24.079, incluyen el gas natural; los biocombustibles, en particular el bioetanol, y el biodiésel; los combustibles sintéticos producidos a partir de residuos biomásicos de diversas fuentes y el biometano.
El proyecto de ley es principalmente promovido por el diputado Manuel Morales, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Sin embargo, también fue suscrito por cinco de los siete restantes integrantes de la Comisión: Luis Fernando Mendoza y Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional; Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) y Yonder Salas, del Partido Nueva República (PNR).
La Comisión la completan Luz Mary Alpízar, del PPSD, y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA).
Mendoza: El PLN sí colabora con el Gobierno
Durante la discusión del texto, Mendoza afirmó que el proyecto de ley fue propuesto por el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y que el apoyo de los integrantes de la fracción verdiblanca es prueba de que el PLN sí colabora con el Poder Ejecutivo, “para sacar adelante al país”.
“Liberación pone los votos y pondrá los votos, de todos aquellos proyectos que creamos que contribuyen con esta patria”, prometió el legislador.
Según relató, “hace unos meses” recibió en su despacho a Stephan Brunner, primer vicepresidente de la República, y a Juan Manuel Quesada, quien en ese momento era presidente de Recope, por solicitud de los representantes del gobierno, con el propósito de presentarle el proyecto de ley.
El diputado verdiblanco aseguró haber expresado a los jerarcas que la propuesta “no resolvía el problema”, aunque representaba un avance hacia una producción energética más sostenible y limpia. Fue por esta última razón, de acuerdo con el liberacionista, que decidió dar su voto a favor del expediente legislativo.
Mendoza también aseguró que el respaldo a la iniciativa evidencia la voluntad que tiene su bancada de trabajar con la administración Chaves Robles, aunque sean calificados de “jugadores de chapitas, diputadillos, como idiotas, como ratas y cucarachas, y los que trabajamos en esta caja de leche”.
“Presidente de la República (Rodrigo Chaves), aquí está Liberación Nacional contribuyendo con el país, aquí están los jugadores de chapitas, aquí están los que trabajamos en la caja de leche, contribuyendo con el país.
“Esperamos señor presidente, que el miércoles, en el show que usted hace en Casa Presidencial, reconozca también, de los diputados, que sí estamos trabajando, que sí contribuimos con Costa Rica y que sí contribuimos con el Gobierno para que saque a este país adelante”, expresó Mendoza.
Juan Manuel Quesada dejó Recope el 30 de enero del presente año, para ocupar la presidencia ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). El proyecto para ampliar las competencias de la institución fue presentado al Congreso el 11 de diciembre del 2023.
Competencias solo pueden ser ampliadas por ley
La Procuraduría General de la República (CGR) indicó a los diputados, en un criterio enviado al foro legislativo, que la propuesta “incide en el objeto social de Recope”, ya que el numeral 6 delimita el ejercicio de las competencias legales otorgadas a la empresa pública. En la actualidad, estas potestades están restringidas a la refinación, el transporte y la comercialización del petróleo y sus derivados.
“Bajo ese marco, cualquier actividad distinta de las competencias ya indicadas por el ordenamiento jurídico (las relacionadas con petróleo) requiere de una habilitación legal que le faculte desarrollarla y destinar recursos para su ejecución”, agregó el abogado del Estado, en el oficio PGR-OJ-039-2024, del 20 de febrero de este año.
Si bien la iniciativa también modifica el inciso d) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se mantiene la esencia de la norma, ya que la redacción elimina la frase “derivados del petróleo”, y la sustituye a “hidrocarburos derivados de hidrocarburos”, pero mantiene la obligación de fijar los precios en el servicio público.
Karla Montero, presidenta de Recope, expresó satisfacción por el aval que la Comisión dio al proyecto de ley. Igualmente, aseguró que la reforma es “clave” para la transición energética en nuestro país, hacia fuentes alternativas alejadas de los combustibles fósiles.
“Esta propuesta nos permitiría adquirir nuevos productos que reforzarán la diversificación de la matriz energética y consolidarán el liderazgo de Costa Rica en materia ambiental”, agregó.
El proyecto de ley será trasladado al plenario legislativo para que los diputados puedan presentar, si así lo deciden, mociones para modificar el texto. Una vez superada la etapa de enmienda, podría ser sometido a votación, en primer y segundo debate.
