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Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, una reforma a la Ley de Extradición que les permitirá a las autoridades judiciales realizar allanamientos en inmuebles, en caso de ser necesario, dentro de procedimientos de extradición, tanto de costarricenses como de extranjeros.
La votación fue unánime, con el apoyo de los 40 congresistas presentes en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Se trata de la adición de un artículo 7 bis a la mencionada ley para autorizar la utilización de esa herramienta legal, pues actualmente las autoridades no pueden realizar allanamientos para detener a alguna persona que tenga la condición de extraditable.
La iniciativa de Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), establece que, cuando exista una solicitud de extradición debidamente presentada y haya motivos fundados para presumir que una persona extraditable se encuentra dentro de un inmueble, se pueda autorizar el allanamiento.
El proyecto establece que esa solicitud de allanamiento debe solicitarla el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, y darse solamente con la debida autorización de un juez.
“El allanamiento será realizado por el juez o jueza que lo autoriza; sin embargo, podrá delegar su práctica expresamente a otra autoridad jurisdiccional penal de la misma u otros territorios, lo cual deberá constar en resolución motivada y será ejecutado bajo estricto control judicial”, dice la iniciativa aprobada.
Además, el procedimiento exige que se deba indicar exactamente el sitio por allanar, la autoridad que realizará la diligencia, su motivación y la autorización para secuestrar evidencia, así como la fecha y hora en que se va a ejecutar el allanamiento.
La reforma incluye la autorización para realizar esa diligencia a cualquier hora del día y en cualquier día de la semana, incluyendo los feriados.
El procedimiento aprobado establece que se le entregará una copia de la resolución judicial al dueño del inmueble o quien lo habite, o cualquier persona mayor de edad presente.
“El allanamiento será realizado por el juez o jueza que lo autoriza; sin embargo, podrá delegar su práctica expresamente a otra autoridad jurisdiccional penal de la misma u otros territorios, lo cual deberá constar en resolución motivada y será ejecutado bajo estricto control judicial”, dice el proyecto aprobado.
La iniciativa legal busca sintonizar con la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada por este Congreso, para permitir la extradición de costarricenses requerido por autoridades judiciales extranjeras.
Gracias a esa reforma aprobada y vigente, ya Costa Rica remitió a Estados Unidos a los primeros dos extraditados: el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin López, alias Pecho de Rata, acusados por tráfico internacional de drogas.
“Con esta propuesta, el Estado costarricense contará con herramientas más eficaces para ejecutar capturas con fines de extradición, fortaleciendo la cooperación internacional y garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. En buena hora damos este paso, indispensable para la justicia y la seguridad del país”, dijo Horacio Alvarado.
