EscucharLas dietas que reciben los miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) quedaron en el limbo debido a la entrada en vigencia de la Ley de Empleo Público. Actualmente, los directivos reciben ¢211.000 por sesión, pero el fundamento para calcular la remuneración ya no existe. Alternativas planteadas por el ICE aumentarían el monto hasta ¢1 millón, pero son inviables jurídicamente.
Según la ley de creación del ICE, a los directivos se les debe pagar una dieta equivalente al 10% del salario base del contralor o la contralora general de la República. Antes, esa remuneración era de ¢2.110.000, por lo que el pago estaba en ¢211.000.
Sin embargo, la Ley de Empleo Público eliminó la figura del “salario base” más pluses y la cambió por el “salario global”, que se fijó en ¢5.740.000 al mes.
El pasado 3 de octubre, por solicitud del presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un criterio en el cual explicó que el método quedó sin efecto. En esto coincidió la Dirección Jurídica del Instituto.
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Alternativas subirían dietas a más de ¢8 millones mensuales
En consecuencia, el presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, consultó a la Procuraduría si, en lugar del salario base, se podía utilizar como referencia el salario global que actualmente recibe la contralora.
Sin embargo, esto implicaría que la dieta de cada directivo por sesión aumentaría e ¢211.115 a ¢574.000. Como a estos funcionarios se les reconoce un máximo de 8 sesiones al mes, podrían llegar a ganar hasta ¢4,6 millones al mes.
Para la PGR, esta opción es inviable, ya que no se puede reinterpretar una ley que señala, como única referencia, un salario base que ya no existe.
“No es posible establecer un parámetro distinto al regulado en una ley vigente. Es decir, no podría esta Procuraduría establecer un nuevo parámetro; ello implicaría contradecir el texto expreso de la ley”, detalló dicho órgano.
Por otro lado, la Dirección Jurídica del ICE propuso otra alternativa: El artículo 44 de la Ley de Salarios de la Administración Pública dicta que la remuneración total de los directivos de instituciones en competencia no pueden superar los treinta salarios base mensual de la categoría más baja.
Actualmente, el salario base de la categoría más baja es el de un misceláneo del Servicio Civil nivel 1, quien recibe ¢287.000 mensuales. En consecuencia, para calcular el valor de las dietas la Dirección Jurídica del ICE propuso multiplicar ese monto por 30, que es el tope máximo, y dividirlo entre ocho, que es el número máximo de sesiones remunerables al mes.
Sin embargo, los directivos pasaría a ganar una dieta de ¢1.076.250 por sesión, lo que implica un 400% de aumento y más de ¢8,6 millones al mes.
Para la Procuraduría esta opción también es inadmisible, ya que ignoraría la ley de creación del ICE y desvirtuaría el objetivo de la Ley de Salarios, que es mantener un tope a las dietas.
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Finalmente, el órgano procurador determinó que el parámetro que debe utilizarse para fijar las dietas del Consejo Directivo del ICE es el último salario base asignado a la contralora Marta Acosta.
Esto implica que se perderá el mecanismo creado para conservar el valor de las dietas en el tiempo; no obstante, la Procuraduría advirtió de que corresponde a los diputados de la Asamblea Legislativa crear un método de cálculo distinto mediante un proyecto de ley.
El martes, La Nación solicitó al departamento de Prensa del ICE su criterio al respecto, así como conocer si la Presidencia Ejecutiva impulsará una reforma de ley para solucionar esta situación. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.
