EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó al Juzgado Penal de Hacienda desestimar cuatro denuncias interpuestas por el director general del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, en contra de Mónica Araya, quien ejerció como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) desde el principio del gobierno actual y hasta mayo del 2024. La petición se extiende a otras siete personas.
La petitoria fue emitida por el fiscal Carlos Manuel Jiménez Robleto, este lunes 27 de enero, tras concluir que la “conducta atribuida a los denunciados no encuadra en ningún tipo penal”. En específico, se investigaba la aparente comisión de delitos de prevaricato, abuso de autoridad y malversación de fondos.
“Analizada con detalle esta causa, a criterio del suscrito, debe solicitarse a su autoridad la desestimación de la misma, por cuanto los hechos denunciados no se adecuan a ninguna figura delictiva tipificada como tal. Nótese que si bien la plataforma fáctica, tal como se denunció, probablemente acaeció, pero también es cierto que tales hechos no son constitutivos de ningún delito establecido en nuestro ordenamiento jurídico”, alegó Jiménez Robleto.
Araya fue denunciada por Chaves el 24 de enero del 2024, no solo en su calidad de jerarca del INS, sino también en su papel presidenta del Consejo Directivo de Bomberos.
Junto a ella, también fueron denunciados los actuales directivos de Bomberos y del INS, Juan Ignacio Mata Centeno y Laura Guevara Gutiérrez, así como a los exdirectivos de Bomberos, Ronald Carballo Cascante y Warner Rodríguez González.
Adicionalmente, denunció a los abogados del INS Rolvin Marín Barquero, Karla Ramírez León y María del Rosario Segura Castillo. La Fiscalía solicitó desestimar las denuncias contra los ocho, la cual se tramita bajo el expediente N.° 24-000035-1218-PE.
Tras conocer la petición del Ministerio Público, Mónica Araya celebró la decisión: “Esta respuesta ratifica la transparencia y el compromiso con el debido proceso que caracterizó nuestra gestión en el INS y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Este hecho confirma que todas las acciones emprendidas en el marco de nuestras investigaciones se realizaron con estricto apego a la legalidad y en defensa de los mejores intereses de la institución y el país”.
La Nación también solicitó una reacción a Chaves desde la tarde del martes, a través de su encargado de prensa en Bomberos, sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Denuncia por acoso
En primer lugar, Héctor Chaves cuestionó el accionar de los tres juristas antes mencionados, quienes integraron una comisión investigadora. Alegó que ellos, el 13 de febrero del 2023, remitieron a Mónica Araya un informe en el que lo absolvieron a él y otras personas de una denuncia de acoso laboral, discriminación o “lus varaiandi”.
Sin embargo, tres meses después, el 2 de mayo de ese mismo año, emitieron un nuevo informe en el que concluyeron que los hechos denunciados podrían constituir, en grado de probabilidad, en un delito y recomendaron la apertura de un proceso disciplinario.
Al respecto, Chaves argumentó que esos actos son “totalmente arbitrarios, en perjuicio de los derechos de terceras personas”, porque se entrevistó a testigos que no aportaron las partes. No obstante, el fiscal detectó que fue el director jurídico del INS, William Fernández Hernández, quien recomendó entrevistas a terceras personas para garantizar que la investigación fuera imparcial.
“El Ministerio Público no observa que se haya realizado un acto arbitrario al ampliar la investigación preliminar y entrevistar a testigos a cargo, ya que el denunciante, en el momento procesal oportuno, va a poder manifestarse (...). Por tanto, los hechos presentados no constituyen delito de prevaricato ni abuso de autoridad”, afirmó el fiscal Jiménez Robleto.
Despido sin justa causa
En segundo lugar, denunció a Mónica Araya por someter a votación, a lo interno del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos, una moción para suspender la aplicación del artículo 123 de la Convención Colectiva, que autorizaba el despido sin justa causa en esta institución. Petición que fue aprobada.
Chaves adujo que esa decisión constituyó un abuso de autoridad, porque le quita a él, como director general, esa función.
El fiscal no encontró sustento en esa denuncia, pues constató que fue el director jurídico del INS, William Fernández, quien recomendó esa medida para proteger a los funcionarios que eran testigos en los procesos penales en contra de Héctor Chaves, o bien, a quienes presentaron denuncias en su contra ante la administración de Bomberos. Solo en el 2023 se recibieron 44 denuncias.
“No se configura el delito de prevaricato ni abuso de autoridad, ya que la medida no implica una decisión arbitraria o ilegal por parte del los imputados, como miembros del Consejo Directivo”, argumentó el representante del Ministerio Público.
Traslado de funcionarias
Tercero, Chaves denunció a Araya, a los dos directivos y los dos exdirectivos de Bomberos por un presunto delito de malversación de fondos, por trasladar a tres funcionarias de esa institución al INS.
Y en cuarto lugar, se quejó porque ella usó criterios de la Dirección Jurídica, la Secretaría de Actas y los comités de apoyo del INS, con coadyuvancia de la Auditoría Interna de Bomberos y el Consejo Directivo para realizar esos movimientos de personal.
En este caso, la Fiscalía tampoco encontró una irregularidad. “El Cuerpo de Bomberos continúa siendo un órgano del INS, en consecuencia, los funcionarios adscritos al Cuerpo de Bomberos son efectivamente empleados del INS. Ni la desconcentración ni la personalidad jurídica instrumental del Cuerpo de Bomberos han tenido la virtud de disolver la relación de empleo que vincula a los funcionarios de Bomberos con el Instituto”, determinó el fiscal Jiménez.
