EscucharUn defensor público pidió favores sexuales a una clienta a cambio de avanzar con su caso en el Tribunal Agrario de Limón.
La mujer, además de ser su representada en un proceso judicial, empezó a laborar como empleada doméstica en la casa del funcionario. El Tribunal de la Inspección Judicial dio por probados los hechos y ordenó el despido del abogado.
La mujer conoció al defensor cuando este le fue asignado como su representante en un proceso de tutela cautelar sobre una propiedad. Narró que el abogado le ofreció empleo para realizar tareas domésticas. Ante su situación de vulnerabilidad, al ser una persona sin estudios y de escasos recursos, aceptó la oferta por necesidad económica.
Durante una de las visitas, en noviembre del 2021, mientras realizaba tareas en la cocina, la mujer observó al acusado desnudo en la sala, masturbándose. Él le propuso “colaborar” y tener relaciones sexuales, algo que ella rechazó de inmediato. A pesar de su negativa, el acusado repitió su actuar en dos encuentros posteriores, generándole temor a la mujer.
La víctima optó por no denunciar de inmediato, pues el defensor público le dijo que su palabra no sería creída debido a su situación económica, pues ella era una empleada y él un licenciado. Sin embargo, con el tiempo y el impacto psicológico que sufrió, la mujer decidió buscar ayuda en la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, donde finalmente presentó la denuncia formal.
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Tribunal ordenó revocar nombramiento de defensor público
El Tribunal de Inspección Judicial, integrado por los jueces Clelia Calvo, Marlen Solís Porras y José Francisco López, ordenó revocar el nombramiento del defensor luego de calificar sus acciones como una falta gravísima.
La resolución, dictada en abril del 2023, señaló que el encausado se aprovechó de la condición económica de la mujer para arremeter contra ella en tres ocasiones afectando su psiquis y la percepción de sí misma.
“Se estima a partir de lo narrado por la denunciante –y que ha merecido credibilidad para esta cámara–, fue objeto de violencia que la vulneró como mujer, además de ser una persona de bajos recursos económicos, aprovechando el encausado esa situación, en tres ocasiones, sin consideración, respeto a la ofendida ni a su dignidad como ser humano”, indicó el Tribunal.
La sentencia relata que fue tal la afectación que la ofendida llegó a pensar que nadie le iba a creer, como él dijo, por ser una “muerta de hambre”. Ese efecto de superioridad caló hondo en la imagen que la mujer tenía de sí.
Según confirmó la oficina de Prensa del Poder Judicial, el defensor fue apartado de su cargo en agosto del 2023 y hasta la fecha no forma parte de la planilla.
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Testigos confirmaron patrón
Los testimonios de los compañeros de trabajo del acusado también contribuyeron en el proceso.
Algunos colegas del defensor manifestaron haber notado la actitud temerosa de la víctima, quien no solo padecía los efectos del abuso, sino que vivía constantemente con el miedo de que el agresor pudiera ir a su casa.
Otros testigos confirmaron que la mujer estaba claramente afectada por los hechos y algunos mencionaron que ella había compartido detalles del acoso con personas de confianza.
Por su parte, la defensa del acusado intentó desacreditar la versión de la víctima al señalar que las declaraciones de los testigos no eran confiables.
Sin embargo, el análisis de la prueba documental y psicológica demostró que la víctima había sido gravemente afectada por el hostigamiento, con alteraciones significativas en su bienestar emocional y físico, que incluían insomnio, ansiedad y una constante sensación de miedo.
Defensor público tuvo comportamiento ‘inadmisible’
Según indicaron los jueces en la resolución, este caso revela una grave violación de los principios que deben regir a los servidores públicos, especialmente en el Poder Judicial, pues los funcionarios encargados de impartir justicia y proteger los derechos de los ciudadanos deben actuar con integridad y respeto.
“No existe una justificación válida para admitir el comportamiento del encausado, y que no sea censurable, el cual riñe con los principios que debe respetar todo servidor de esta institución, que es una conducta intachable. Se le exige al funcionario judicial actuar con discreción y prudencia”, enfatizó el tribunal.
La Secretaría Técnica de Género, a través de su representante en el caso, subrayó la necesidad de adoptar una postura de cero tolerancia frente al hostigamiento sexual y otras formas de violencia de género en el ámbito judicial.
Al respecto, indicó que la protección de las víctimas y la erradicación de estas conductas deben ser una prioridad para garantizar que las personas que recurren al sistema judicial se sientan seguras y respetadas.
