EscucharLos diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron un crédito de $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para la atención de emergencias.
A diferencia de otros préstamos, el país recibirá los recursos solamente en la eventualidad de una declaratoria de emergencia, por eventos derivados de desastres o relacionados con situaciones de salud (como la pandemia por covid-19). En una votación unánime, celebrada el 30 de octubre, el empréstito recibió el aval del foro legislativo y, ahora, su discusión pasará al plenario.
Con este crédito, se espera que el país tenga asegurada una fuente de financiamiento para afrontar imprevistos, en contextos en los que hay una mayor restricción de liquidez, menciona el expediente 24.264. La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) será la encargada de gestionar los recursos provenientes del empréstito.
El instrumento se denomina Préstamo de Políticas de Desarrollo de la Gestión del Riesgo de Desastres con Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes (Cat DDO, por sus siglas en inglés). Este es el segundo en su tipo que recibe Costa Rica.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, argumentó el pasado 13 de agosto, ante la Comisión de Hacendarios, que el Presupuesto Nacional no está hecho para atender una catástrofe, por lo que el crédito “es como comprar un seguro”.
“A ver, si nosotros hubiéramos tenido Cat DDO en el caso de la pandemia, hubiéramos podido tener acceso a esa liquidez, en el momento en el cual se declaró la emergencia. Y lo otro es que, una vez ocurrido (el evento), el desembolso es muy rápido, porque lo que se requiere —los requisitos de activación— son prácticamente la declaratoria de emergencia; y ahí es donde yo creo que nos da una gran oportunidad”, explicó.
Según el ministro, otro de los beneficios es que el país no se verá en la necesidad de redirigir recursos ya destinados para inversiones sociales y de desarrollo. Asimismo, el plan contribuiría a mantener la sostenibilidad financiera del país, en momentos en que hasta la recaudación de impuestos se ve afectada por las mismas emergencias.
“Un ejemplo clarísimo es la pandemia, en donde la recaudación de impuestos del Gobierno cayó estrepitosamente y hubo que buscar algunas formas de seguir financiando el gasto que se requería para hacerle frente a la pandemia y a la gestión normal del Estado”, declaró Acosta.
El país tendrá un plazo de 19 años para reembolsar los recursos, con un periodo de gracia de 3,5 cinco años. Igualmente, el gobierno contará con tres años para solicitar el desembolso, con posibilidad de renovar en cuatro ocasiones, para un periodo máximo de 15 años.
El plazo de cierre sería el 24 de marzo del 2026 y la comisión inicial (la prima) es de un 0,5% del total del crédito. Este monto se pagaría solo una vez, ya que en caso de renovaciones la cifra bajaría a un 0,25%
En conjunto, el BIRF y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) constituyen el Banco Mundial. El primer préstamo en esta modalidad que recibió el país, por $65 millones, fue aprobado en el 2008 y cerrado en el año 2017.
Según Acosta, $25,3 millones se emplearon para atender el terremoto de Cinchona (2009); $8.7 millones se destinaron a la emergencia provocada por la tormenta tropical Nicole (2010) y los restantes $31 millones fueron dirigidos a la atención de los embates provocados por el huracán Otto (2016).
