EscucharLa Corte Suprema de Justicia les solicitó a los diputados acelerar el trámite de la reforma para modernizar el sistema sancionatorio de funcionarios y jueces en el Poder Judicial, con el fin de fortalecer la lucha contra la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado.
Así se lo planteó el magistrado Jorge Leiva Poveda, de la Sala Primera, a los jefes de las fracciones políticas este jueves, durante la reunión semanal de los voceros partidarios.
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Se trata del expediente 24.860, Ley de régimen sancionador de personas servidoras e integrantes de las listas de suplentes, elegibles y meritorias del Poder Judicial.
Leiva explicó que se trata de una propuesta con cerca de 300 artículos que busca actualizar la normativa para la lucha contra la corrupción en ese poder de la República, pues la legislación vigente tiene más de 30 años.
Actualmente, cada unidad del Poder Judicial tiene una oficina propia para los procesos disciplinarios, así el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene su Oficina de Asuntos Internos, lo mismo que la Defensa Pública, mientras que el Ministerio Público tiene la Inspección Fiscal y, para la judicatura, aplica la Inspección Judicial. En total, son seis sistemas diferentes.
“La idea es tener un trámite unificado y que la población conozca las reglas con las que puede hacer denuncias y participar en los procedimientos”, dijo Leiva.
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El objetivo principal del proyecto es unificar todas las oficinas en un solo sistema, que tendría un sistema de tribunal administrativo de primera y segunda instancia, que aplicaría para todos los servidores judiciales, incluyendo jueces.
En el caso de los magistrados y los jerarcas como el fiscal general, quedan fuera del sistema, pues la Constitución Política establece un procedimiento sancionatorio diferenciado.
Nuevas herramientas contra corrupción judicial
Entre las herramientas que introduce la reforma legal están la posibilidad de utilizar grabaciones de intervenciones telefónicas, pero no directamente, sino cuando han sido producto de alguna investigación judicial.
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El magistrado Leiva puntualizó que la reforma permitiría usar esas grabaciones, cuando se identificó a algún servidor judicial implicado en corrupción, crimen organizado o narcotráfico, incluso cuando el resultado de un proceso judicial sea la absolutoria.
“Actualmente, esas intervenciones telefónicas donde puede estar grabado un funcionario, juez o jueza, un agente del OIJ, no las podemos utilizar en procesos disciplinarios, porque hay una prohibición legal”, dijo el juez.
Leiva insistió en que el Poder Judicial no busca permiso para hacer las intervenciones directamente para procesos administrativos sancionadores, pues sería inconstitucional, sino utilizar material que se haya generado en investigaciones policiales.
La segunda herramientas que solicita el Poder Judicial es la revisión de cuentas bancarias o de los ingresos de los funcionarios sospechosos de corrupción, igualmente de forma indirecta, es decir, que se le pueda solicitar a un juez la revisión de los ingresos de un funcionario sospechoso de un aumento ilícito del patrimonio, pues actualmente tampoco se puede aplicar esa medida.
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Jorge Leiva señaló que, actualmente, hay dependencias del Poder Ejecutivo que pueden solicitar esa medida, entre ellas la Comisión de Promoción de la Competencia, para que, cuando se investiga algo y se necesita acceder a información sensible, se le hace una solicitud razonada al juez para que haga una revisión de la información y determine cuáles datos puede trasladar.
“De repente, vemos incremento patrimonial, pero no hay forma de establecer cuál es el origen, salvo abriendo un proceso judicial. No podemos acceder a esa información. De repente un funcionario, con salario medio, adquiere vehículos último modelo, pero no podemos verificar su información”, enfatizó.
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El magistrado detalló que el proyecto introduce normativa legal para traslado de información entre el Poder Judicial y la Contraloría General de la República, en ambos sentidos, para tener información que pueda encender luces rojas sobre alguna irregularidad.
Registro público de sancionados por corrupción
La tercera herramienta de importancia que incluye el proyecto es la creación de un registro público de servidores judiciales sancionados y despedidos del Poder Judicial por corrupción, junto con una prohibición de reingreso.
El magistrado Leiva reconoció que se han dado casos de personas despedidas que, en cuestión de meses, aparecen nombradas en otra parte del Poder Judicial.
“Queremos que, si la persona es despedida, tenga que estar fuera del Poder Judicial por lo menos 10 años y que, para reingresar, tenga que empezar de cero, hacer los exámenes, revisión de antecedentes, como una persona de primer ingreso”, dijo Leiva.
Buena acogida de diputados
La solicitud de la Corte tuvo buena acogida en los jefes de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo; Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, y la independiente Gloria Navas, así como la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro.
“El régimen sancionador del Poder Judicial tiene 30 años, ya está bastante obsoleto. Tener órganos externos me preocuparía, porque podría darse la mano política. Ese régimen está muy añejo y, con esto, se refresca de manera significativa. Tenemos una responsabilidad compartida en el combate a la corrupción”, dijo Castro.
La jefa chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, se manifestó poco convencida, porque alegó que no se incluye a los magistrados entre los eventuales investigados y sancionados.
No obstante, Leiva enfatizó que, para modificar el régimen sancionador de los altos jueces de la Corte Plena, es necesario reformar la Constitución Política, y sería otro proceso diferente.
Cisneros también sugirió que los órganos sancionadores de los servidores judiciales sean externos, pues adujo que al ser internos, “se pondría en riesgo la imparcialidad de los órganos”.
Ante ello, Leiva le respondió que la propuesta establece un tribunal de primera instancia con un recurso de apelación ante un tribunal administrativo, lo más autónomo posible.
“Hay que reconocer el esfuerzo del Poder Judicial por tratar de prevenir cualquier acción irregular a lo interno y la coordinación con la Asamblea, para lograr esta reforma”, dijo Izquierdo.
