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La Corte Suprema de Justicia rechazó la creación de una Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED), es decir, una especie de policía adscrita a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), tal como lo propone el gobierno de Rodrigo Chaves en el proyecto de ley 25.206.
En el criterio emitido por la Corte Plena, a solicitud de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, los magistrados advirtieron de que no es razonable que una sociedad anónima como Recope, regida más por el derecho privado, tenga adscrito un cuerpo policial con competencia nacional.
Para la Corte, tal precedente resultaría preocupante, de acuerdo con el pronunciamiento redactado por la magistrada penal Patricia Vargas y con aportes de los magistrados Jorge Leiva e Iris Rocío Rojas.
“Recope no es una autoridad con potestad de imperio (entiéndase, como la posibilidad de actuar de manera unilateral en nombre del Estado para fines de interés público). Es una sociedad anónima como cualquiera otra, sea pública o no. Un cuerpo policial con competencia nacional es un riesgo”, advirtió.
El Poder Ejecutivo presentó la iniciativa legal en setiembre y se planteó como una necesidad para resolver los vacíos que, considera, tiene la legislación aprobada en 2020 por el Congreso, sobre todo en cuanto a las posibilidades de ejercer la persecución penal contra el robo de combustible.
Tal como lo ha planteado la presidenta de Recope, Karla Montero, en los últimos años se ha dado una creciente participación de organizaciones criminales en el robo y sustracción ilegal de combustible.
En audiencia en la Comisión de Jurídicos, la semana pasada, la jerarca manifestó que el objetivo es endurecer las penas por ese delito, unificar las sanciones y dotar de mayores facultades a la empresa estatal.
Montero manifestó, a través de un comunicado de prensa difundido el 11 de noviembre, que la creación de la policía de poliductos busca tapar esos vacíos que hoy dificultan la persecución penal de las organizaciones dedicadas al robo de combustible.
Plan permitiría a policía de Recope registrar propiedad privada
Entre las múltiples dudas que planteó la Corte Suprema sobre la iniciativa de la policía de Recope, citó que la propuesta de ley busca atribuirle labores que actualmente son propias del Ministerio Público, como la inspección y registro del lugar donde se hayan cometido hechos delictivos, o del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como es la intervención en allanamientos.
Así lo manifestó la magistrada Patricia Vargas en sesión de la Corte Plena del lunes 10 de noviembre, donde advirtió de que la ley pretende autorizar a esa policía de la gasolina a realizar inspecciones dentro de cualquier bien mueble o inmueble.
“Hay que tener cuidado y hacer una alerta o un aviso a la Asamblea Legislativa. El Código Procesal Penal dispone que las inspecciones que tienen que ver con delitos ya cometidos son realizadas por el Ministerio Público, el competente para realizar inspecciones cuando hay motivos suficientes”, alertó la magistrada Vargas.
Aunque la jueza penal consideró inicialmente que el proyecto no afecta el funcionamiento el Poder Judicial, esta advertencia generó que los demás magistrados sí consideren una afectación y eso derive en que una eventual votación del proyecto deba tener más de 38 votos en la Asamblea Legislativa.
El magistrado Jorge Leiva enfatizó en la preocupación de que se autorice la creación de una policía dentro de una sociedad anónima, aunque sea estatal.
“Cuidado, cuidado con este tema de crear policías más allá de las municipales o estatales”, dijo. Con él coincidió Iris Rocío Rojas, quien agregó que se podrían estar afectando e, incluso, debilitando las competencias de la Fiscalía y del OIJ.
Por el momento, el expediente se tramita en la Comisión de Jurídicos, de manera muy preliminar, pues aún se encuentra en etapa de audiencias. Los diputados de ese órgano plantearon a Recope hacer mesas de trabajo para analizar más en profundidad la propuesta de ley.
