La Corte Plena acordó la tarde de este lunes devolver intacta, a la Asamblea Legislativa, la nómina de candidatos a magistrados suplentes a la Sala Constitucional.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia se adoptó por una mayoría de 16 votos. Cuatro magistrados se mostraron a favor de devolver el expediente a la Sala Constitucional para un nuevo concurso y dos se abstuvieron.
La fracción de Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobó, el pasado 10 de junio, en el plenario, una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y exigirle a la Corte Suprema de Justicia que presentara una nueva lista de aspirantes a dichos puestos.
La moción del PPSO fue aprobada con 29 votos, todos de su bancada; 26 diputados de oposición rechazaron la iniciativa.
“Tras analizar la gestión, la Corte Plena concluyó que no existe una justificación objetiva que sustente el rechazo de la nómina remitida”, señaló la Corte en un comunicado.
El Poder judicial resaltó que el proceso de selección se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos y a través de rigurosas etapas de evaluación, “diseñadas para garantizar la idoneidad, capacidad y trayectoria de las personas incluidas en ella”.
La Sala Constitucional corre el riesgo de una parálisis, ya que, si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad o vacaciones, o si el Congreso decide no reelegirlo, el tribunal no podría sesionar. Ese estrado no tiene, a día de hoy, ni un suplente nombrado.
Actualmente, 87 expedientes permanecen detenidos en ese tribunal porque hay magistrados inhibidos en estos casos. La Sala debe integrarse en su totalidad para poder votar un expediente; sin suplentes, los casos quedan detenidos.
Magistrada: ‘Implicaciones altísimas en la democracia’
Para la magistrada presidenta de la Sala Tercera (penal), Patricia Solano, la decisión del Congreso tiene implicaciones en la independencia del Poder Judicial.
“Cuando sucede que sin motivos nos devuelven la nómina, porque no hay ninguna justificación técnica que así lo haga, en realidad lo que se está hablando es de la independencia del Poder Judicial y la importancia de la separación de poderes. El tema es más serio de lo que muchos pueden apreciar. Tiene implicaciones altísimas en la democracia”, dijo Solano.
En una larga discusión entre los magistrados, la tónica fue reseñar que el Congreso no dio razones objetivas para rechazar la nómina.
“Mi posición es devolver la lista a la Asamblea, porque, en este caso específico, no se ha dado una justificación objetiva y razonable. La Asamblea está en todo su derecho de nombrar, pero sí tiene que dar criterios a la Corte, para que si se tiene que hacer un nuevo concurso sepa hacia dónde vamos. Aquí no sabemos”, dijo el presidente constitucional, Fernando Castillo.
El magistrado advirtió de que el nuevo concurso que se tramita para suplentes en la Sala Constitucional, porque en la nómina original faltaban candidatos, “está muy lento” porque la Corte ha priorizado otros: “Podría llegar a la Asamblea en noviembre o diciembre”, dijo.
“Si no se nos da un criterio, lo que va a ocurrir es que hacemos un concurso y, dentro de un año, estamos en la misma situación. En el mismo punto muerto”, añadió.
La magistrada penal Iris Rojas, de la Sala Primera, defendió de forma vehemente no devolver la nómina actual, sino acelerar el proceso actual. Reseñó que amparos de listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) podrían resolverse en la sede contenciosa administrativa o con medidas cautelares. Rojas llamó a evitar “un conflicto” entre poderes del Estado.
No obstante, la magistrada penal Patricia Vargas le replicó: “La vía contenciosa, hasta donde yo sé, ocupa abogado. Tiene distintas etapas, hay condena en costas, puede ir a casación. No se puede comparar bajo ningún escenario un proceso contencioso con un recurso de amparo que por su naturaleza es célere. No minimicemos la importancia de los amparos de salud”.
El alto juez de Sala Primera, Jorge Leiva, cerró indicando que aceptar el rechazo del Congreso sentaría un precedente porque, aunque en otras ocasiones se han devuelto nóminas, en esta ocasión no se dieron razones.
Bloqueo del PPSO
La decisión de devolver la nómina de suplentes para la Sala Constitucional se tomó por una mayoría de los presentes en el plenario, luego de 11 rondas de votación en las que el oficialismo se negó a elegir un solo suplente, de los nueve posibles. Así ocurrió tanto con la fracción de gobierno del periodo anterior, liderada por Pilar Cisneros, como la actual, que dirige Nogui Acosta.
El proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre del 2025 duró casi nueve meses, pues inició en enero de ese año y la lista fue avalada por la Corte Plena recién en setiembre del año pasado, para ser enviada a la Asamblea Legislativa en octubre.
El argumento de Nogui Acosta, jefe de la fracción oficialista, era que no había 38 votos para elegir los magistrados suplentes, porque no existe acuerdo político. Han votado en blanco todas las rondas para elegir magistrados suplentes.
José María Villalta, del Frente Amplio (FA), acusó a Pueblo Soberano de pretender nombrar amigotes, o bien, dejar paralizado un tribunal que tiene, entre sus asuntos, expedientes judiciales relacionados con funcionarios del anterior gobierno y del actual.