La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme una suspensión de 20 días sin goce de salario contra Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), debido a la contratación irregular de abogados externos por parte de la institución.
Según confirmó la CGR, la sanción contra Chacón quedó en firme el 18 de diciembre del 2024. La decisión fue notificada ante la secretaría general del INS este 9 de enero del 2025.
Grettel Cisneros Valverde, gerente asociada de la División Jurídica, explicó que ahora corresponderá al INS ejecutar la suspensión. Mientras tanto, la Contraloría estará atenta al estricto cumplimiento de lo resuelto.
“El procedimiento administrativo, que garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas, se enfocó en procedimientos de contratación llevados a cabo en los años 2021 y 2022, donde se identificaron anomalías en la adquisición de servicios de asesoría y consultoría en materia laboral”, agregó.
El procedimiento disciplinario (CGR-PA-2023004188) está relacionado con la contratación directa de los bufetes DPI Legal y José Paulino Hernández, debido a que se realizó sin concurso público.
Las contrataciones fueron realizadas para desarrollar una investigación preliminar y un proceso disciplinario contra el auditor general del INS, Gustavo Retana Calvo, por supuestas anomalías en el despido de varios funcionarios.
La primera contratación, por ¢26,5 millones, se efectuó el 15 de enero de 2022 con DPI Legal, mientras que la segunda, por ¢16 millones, fue adjudicada a Hernández el 25 de marzo del mismo año.
De acuerdo con la investigación, Chacón, quien en ese momento fungía como asesora de la Presidencia Ejecutiva, promovió y gestionó dichas contrataciones sin cumplir con las normativas de contratación administrativa, al no presentar la fundamentación técnica ni jurídica correspondiente.
Además, la Contraloría le atribuyó haber firmado varios oficios en los que ordenaba avanzar con las contrataciones sin contar con estudios de costo-beneficio ni análisis técnicos y jurídicos que respaldaran la decisión.
La resolución confirmó en todos los extremos la resolución emitida por el órgano contralor el 28 de mayo de 2024, luego de que Luis Diego Flores Zúñiga, representante legal de la jerarca y otros investigados en el mismo caso, presentó un recurso de revocatoria y apelación con nulidad absoluta, además de una solicitud de recusación.
“Se determinó la responsabilidad administrativa mediante acto final N° 8849-2024 (DJ-0966); luego, se resolvieron los recursos correspondientes interpuestos contra dicha resolución, misma que mantuvo las sanciones impuestas a las partes investigadas”, confirmó la CGR.
La resolución final también dejó en firme 20 días de suspensión sin goce de salario a Carlos Gamboa Ramírez, encargado de la Unidad de Contratación Directa; Carmen González Ramírez, jefa de Proveeduría; y Gabriel Pérez Salguera, expresidente ejecutivo del INS. Además, a Katherine Phillips Quesada, subjefa del departamento de Proveeduría, se le confirmó una sanción por 15 días.
Chacón fue nombrada por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de mayo, en sustitución de Mónica Araya, quien fue destituida por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

