El proyecto de Presupuesto Nacional del 2027 enfrenta cuestionamientos por la reducción de recursos destinados a programas sociales, el aumento en el pago de intereses y la posible inclusión de recortes contrarios a la Constitución Política.
Estas observaciones fueron expuestas por la Contraloría General de la República (CGR) durante una audiencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, en la que se analizó el proyecto de ley del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 2027, expediente 25.754.
A la comparecencia asistieron Bernal Aragón Barquero, subcontralor general de la República, y Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR. Ambos respondieron consultas de los legisladores sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, las obligaciones del Estado y las consecuencias de las asignaciones presupuestarias.
El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo asciende a ¢12,4 billones, un 3% menos que el presupuesto inicial del 2026. La propuesta equivale al 22,3% del producto interno bruto (PIB), la proporción más baja desde el 2008, según la exposición de la Contraloría.
Contraloría alerta sobre deterioro de las finanzas públicas
Uno de los principales señalamientos de la CGR fue el deterioro de la situación fiscal, que comenzó en el 2023 y continúa en las proyecciones para el 2027.
La institución explicó que el déficit financiero previsto para el próximo año alcanzaría el 4,4% del PIB, un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto a la proyección inicial del 2026.
Este comportamiento responde principalmente a la desaceleración de los ingresos tributarios y al incremento de los intereses de la deuda pública.
Según la Contraloría, el pago de intereses aumentaría un 9,1% respecto al presupuesto inicial del 2026, mientras que los ingresos corrientes disminuirían un 2,3%.
La CGR también señaló que el 38% del presupuesto se financiaría mediante colocación de títulos de deuda y que el 40% del gasto se destinaría al servicio de la deuda.
Durante la audiencia, los representantes del órgano contralor explicaron que la disminución del superávit primario reduce la capacidad del Gobierno para bajar su endeudamiento.
La institución también manifestó preocupación por la caída de la carga tributaria, que pasaría del 13,7% del PIB en el 2022 al 12,3% estimado para el 2027.
Recortes a programas sociales preocupan a la Contraloría
Otro de los puntos centrales de la comparecencia fue la redistribución de recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
La CGR indicó que el proyecto modifica el destino relativo del 19% de los recursos del fondo respecto al 2026, principalmente para financiar el seguro de salud de personas indigentes.
La asignación para esta obligación pasaría de aproximadamente ¢2.000 millones en el 2026 a ¢162.000 millones en el 2027.
Sin embargo, esta decisión implica que otros programas sociales reciban únicamente los montos mínimos establecidos por ley, sin los recursos adicionales que se les asignaron en años anteriores.
Entre los programas afectados figura el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), cuya transferencia presupuestaria disminuiría un 48% y quedaría en aproximadamente ¢90.000 millones.
La Contraloría advirtió de que esta asignación es inferior a los ¢204.000 millones ejecutados en el 2025, situación que comprometería la operación del régimen.
También se proyectan reducciones para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam).
En el caso del Conapdis, la asignación disminuiría un 81%, de aproximadamente ¢15.000 millones a ¢3.000 millones.
Según lo expuesto por la CGR, estos recursos alcanzarían únicamente para cubrir tres meses de operación de los programas de autonomía y pobreza.
La inversión educativa también formó parte de los cuestionamientos planteados durante la sesión legislativa.
De acuerdo con la Contraloría, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) representa el 4,9% del PIB, el porcentaje más bajo asignado en un presupuesto inicial durante los últimos 19 años.
La institución señaló que esta reducción ocurre en un contexto de debilidades en cobertura, gestión y calidad de los recursos.
Presupuesto podría estar subestimado en al menos ¢494.000 millones
Uno de los hallazgos expuestos por la Contraloría fue la posible subestimación de al menos ¢494.000 millones en el proyecto presupuestario.
La institución explicó que esta diferencia responde a obligaciones que no fueron incorporadas completamente en la propuesta del Poder Ejecutivo.
Entre ellas figuran aproximadamente ¢418.000 millones relacionados con obligaciones estatales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), según estimaciones de esa institución.
Durante la comparecencia, Aragón también se refirió a la deuda acumulada del Estado con la Caja. El jerarca explicó que existen diferencias históricas entre ambas instituciones sobre los montos adeudados, así como procesos judiciales pendientes que dificultan alcanzar un acuerdo.
Advirtió de que, al considerar las obligaciones registradas y los posibles resultados de los litigios, la deuda podría acercarse a ¢10 billones.
Ante esta situación, planteó la necesidad de una negociación entre las instituciones para conciliar los montos y establecer mecanismos de pago.
Contraloría cuestiona normas que afectarían al Poder Judicial
Durante la audiencia, la CGR también advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad en cinco normas de ejecución presupuestaria, las cuales podrían limitar el uso de recursos del Poder Judicial.
Entre las restricciones cuestionadas figuran el condicionamiento de plazas vacantes y la imposición de requisitos adicionales para ejecutar fondos previamente aprobados.
Aragón explicó que la Sala Constitucional emitió resoluciones sobre disposiciones similares y que la Contraloría considera necesario respetar esos precedentes.
Los representantes de la Contraloría señalaron que estas disposiciones podrían generar inseguridad jurídica y retrasos en la ejecución del presupuesto, debido a la incertidumbre sobre la autorización para utilizar los recursos aprobados.
Diputados cuestionaron reunión entre contralor y Rodrigo Chaves
Otro momento de la sesión se centró en la reunión privada que Bernal Aragón sostuvo con Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, el 18 de setiembre.
Durante la audiencia, Antonio Trejos, diputado del Frente Amplio (FA), cuestionó que Aragón asistiera a la reunión sin otros funcionarios de la Contraloría y que no se levantara un acta o minuta del encuentro. Además, consultó si se abordaron normas relacionadas con el presupuesto nacional.
El contralor defendió la reunión como parte del diálogo institucional y aseguró que no se abordaron disposiciones presupuestarias específicas. Además, afirmó que informó sobre el encuentro a los gerentes de la Contraloría.
Según explicó, la reunión no fue secreta y se abordaron asuntos generales sobre la situación del país, así como temas institucionales de interés para la Contraloría.
El legislador frenteamplista también solicitó documentación relacionada con la reunión y recomendó que, en futuros encuentros, el jerarca estuviera acompañado por personal técnico.
Contraloría propone revisar regla fiscal
Durante la comparecencia, la CGR también retomó su propuesta para modificar la aplicación de la regla fiscal en el sector descentralizado.
La iniciativa plantea que determinadas instituciones queden fuera de las restricciones actuales, excepto cuando representen un riesgo fiscal para el Estado.
Según la Contraloría, este cambio permitiría utilizar recursos disponibles para atender necesidades institucionales y sociales.