Las municipalidades de Alajuela y de Belén tienen posiciones absolutamente contrarias con respecto al proyecto de ley que pretende modificar el límite entre ambos cantones y, por consiguiente, entre las provincias de Alajuela y Heredia.
Se trata del expediente 24.625, propuesto por el Poder Ejecutivo durante la administración Chaves Robles y convocado por el actual gobierno para ser votado en sesiones extraordinarias.
La iniciativa propone que parte de la localidad de San Vicente deje de pertenecer a la Municipalidad de Alajuela y pase a formar parte de la Municipalidad de Belén.
Según datos de noviembre del 2024, San Vicente cuenta con una población de 254 habitantes. Con esta modificación, el distrito de San Rafael de Alajuela perdería parte de su territorio, reduciéndose de 19,34 km² a 19 km², mientras que el cantón de Belén vería su extensión territorial incrementada de 12,38 km² a 12,72 km².

Sin embargo, mientras la alcaldesa de Belén, Zeneida Chaves, respalda la propuesta; el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, se posiciona absolutamente en contra, con el respaldo incluso del Concejo Municipal alajuelense.
Chaves argumentó que la propuesta no busca arrebatarle el territorio a Alajuela ni generar confrontaciones con otros municipios, sino “corregir una situación histórica que nunca fue resuelta adecuadamente y brindar seguridad jurídica a 77 familias que, de hecho y derecho, han formado parte de Belén”.
Según la alcaldesa, el territorio disputado es una franja de aproximadamente 340 metros lineales, de acuerdo con datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ese instituto emitió un dictamen afirmando que el territorio en disputa debe pertenecer a Belén.
“Por eso, más allá de interpretaciones políticas, aquí lo verdaderamente importante son los derechos, la estabilidad y la tranquilidad de las familias que han vivido durante años en incertidumbre administrativa y territorial”, agregó Chaves.
La gobernante belemita sostiene que los vecinos de San Vicente dependen de su cantón para la atención de los servicios públicos.
Sin embargo, el alcalde y exdiputado Roberto Thompson no concuerda con su homóloga.

Al contrario, Thompson advirtió que está en contra de la propuesta y cuenta con el respaldo del Concejo Municipal de Alajuela, que aprobó una moción para pronunciarse en contra del proyecto.
“Estimamos con base de estudios técnicos que el terreno que se cercena a Alajuela es de aproximadamente 90 hectáreas, entonces no se trata de un único barrio, sino de un territorio muy importante y una zona de mucho crecimiento para nuestro cantón”, afirmó.
Aunque la alcaldesa Zeneida Chaves dijo a Amelia Rueda que cuenta con los votos en la Asamblea Legislativa para la aprobación del proyecto, Thompson afirmó que, si la propuesta es aprobada en Cuesta de Moras, él recurrirá a la Sala Constitucional.
Según el alcalde alajuelense, el proyecto de ley fue impulsado por el exalcalde de Belén y exdiputado Horacio Alvarado, y se trata de “un compromiso del gobierno anterior (la administración Chaves Robles) con don Horacio”.
Agregó que la Municipalidad de Alajuela cuenta con el apoyo de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) para presentar una consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.
El argumento del alcalde es que el proyecto modificaría los límites entre provincias, ya que ambos cantones pertenecen a provincias distintas.
“La modificación de límites provinciales requiere un trámite especial, que incluye la posibilidad de hacer un plebiscito, igual que cuando se va a crear una nueva provincia, de acuerdo con resoluciones de la Sala IV. Por eso, el procedimiento que se está haciendo no es el correcto”, detalló el gobernante local.
Para modificar los límites entre provincias habría que hacer una reforma a la Constitución Política. Por eso, en el pasado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que este proyecto es inconstitucional.
Entre los argumentos de la alcaldesa Zeneida Chaves se encuentra un dictamen del agosto del 2024 de la Comisión Nacional de División Territorial Administrativa que les da razón en la modificación del límite.
Sin embargo, Thompson afirma que el informe que plantea como referencia la Municipalidad de Belén no aporta criterios técnicos.
“Los estudios que sustentan la propuesta son de orden social, no técnico”, aseveró.
De momento, el proyecto se encuentra en el plenario a la espera de ser sometido a primer debate.
